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Redacción.-En la reunión mantenida entre
el ministerio de Agricultura y responsables de ASAJA del sector vitivinícola
para abordar el futuro de los derechos de plantación en la UE, el MAGRAMA
informó sobre los planes de la Comisión Europea y la posibilidad de que ésta se
decante por un nuevo mecanismo de regulación de los derechos de plantación a
través de “autorizaciones” gestionadas por entidades distintas a las
administraciones públicas. ASAJA rechaza de plano esta propuesta y pide a la
Comisión que tenga en cuenta la posición de los países productores de vino de la UE y del propio Parlamento
Europeo para se mantenga vigente el actual sistema.
Antes
de finales de 2012, el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea creado para
estudiar el funcionamiento de la última reforma del mercado del vino tiene que
emitir un dictamen sobre los “derechos de plantación” reguladas en la actual
OCM del sector hasta 2015 y que los estado miembros pueden ampliar hasta 2018.
En dicho informe la Comisión podría decantarse por un nuevo mecanismo de
regulación del potencial productivo y los actuales derechos de plantación
podrían pasar a ser “autorizaciones” en manos de entidades como las
organizaciones de productores y las interprofesionales. Parece que los
servicios de la Comisión serían partidarios de esta propuesta donde la gestión
podría ser diferente según el tipo de vino y anualmente se incrementaría un
porcentaje de nuevas plantaciones en función de la superficie de la Estado
miembro.
ASAJA
se opone rotundamente a estos planes porque en esta situación el viticultor está en manos de intereses de
unos y otros, intereses que incluso pueden estar enfrentados, en una situación
donde el productor pierde el control sobre los que hasta son “sus derechos”, un
patrimonio de los viticultores y de la agricultura europea.
Nuestra
Organización ve con preocupación la posibilidad de que se desmantele en al
actual sistema de plantación de derechos, un sistema que ha permitido conformar
un modelo productivo puntero en el mundo y que correría serio peligro si
desaparecieran los derechos de
plantación. La eliminación del sistema de derechos tendría consecuencias
dramáticas para el equilibrio entre oferta y demanda de vino y para los precios
de las uvas y del vino, lo que pondría en serio peligro la viabilidad de las
explotaciones vitivinícolas, con las graves consecuencias que eso tiene para el
empleo y para la fijación de la población rural.
ASAJA
apuesta firmemente por el mantenimiento de los derechos porque este régimen se
ha demostrado, productiva y cualitativamente, eficaz frente a la competencia de
vinos procedentes de países terceros y en este sentido pidió en la reunión de
ayer al MAGRAMA que la delegación
permanente de España en Bruselas presione ante las instancias de la Comisión
para lograr mantener el actual sistema de derechos de plantación de viñedo.
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