· El Gobierno y el PSOE se reúnen el miércoles
para ver cómo frenar los desahucios.
· Se reúnen Soraya Sáenz de Santamaría y Elena
Valenciano.
· El Gobierno quiere tomar "nuevas
medidas" de aplicación inmediata.
· El PSOE pide que las viviendas devueltas a
los bancos que han recibido ayudas públicas sean alquiladas a los desahuciados
con una renta social.
Acto seguido anunció una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, del PSOE, para este miércoles con el objetivo de adoptar una decisión "justa y equitativa" contra los desahucios con la "máxima celeridad" y además, "de aplicación inmediata".
El PSOE ha instado al Gobierno a tomar medidas de inmediato contra los desahucios que pasan "por el desarrollo de una ley de segunda oportunidad, existente ya en otros países", han reinvindicado.
La propuesta del PSOE para cambiar la ley
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado su confianza en que de la reunión pueda salir un acuerdo para reformar la legislación "con la máxima urgencia".La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha asegurado que el diálogo versará sobre "leyes" que se apliquen de manera rápida y no sobre acuerdos de buena conducta.
El PSOE pide al Gobierno que se exija a los bancos que reciban ayudas públicas que las viviendas devueltas tras los desahucios —y que no estén ocupadas— vayan a una bolsa de alquileres sociales para las familias que se han quedado sin hogar.
El PSOE pretende que esta medida sea retroactiva para que también se dé una solución a los que ya han sido desahuciados. Sobre el precio del alquiler social, Soraya Rodríguez ha explicado que deberían tener en cuenta los ingresos de la familia.
Los jueces, a favor de una nueva norma
El PSOE pretende que también se dé una solución a los que ya han sido desahuciados El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJEsta decisión del CGPJ de reflexionar sobre los desahucios llegan después de que hace unas semanas un grupo de jueces enviase a este organismo un documento crítico con la ejecución de los desahucios en España, que señalaba la "mala praxis de las entidades bancarias" y propone agilizar este tipo de procedimientos civiles.
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