Imputado por una decena de licencias

El que fuera teniente de alcalde de Amat durante 16 años dio licencia para construir una decena de chalets de lujo en una zona de uso terciario

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar (Almería) llamará a declarar como imputado al exconcejal José María González Fernández   por un presunto delito de prevaricación urbanística. El ahora imputado fue durante 16 años concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Roquetas de Mar por designación de Gabriel Amat   que le dejó fuera de la lista de su partido en las pasadas elecciones municipales. “No me acuerdo de esa licencia. En Roquetas de Mar hemos dado muchas licencias”, asegura el exconcejal, de cerca de 70 años.
 Los hechos se remontan a mayo de 2007, cuando el equipo de gobierno liderado por Amat —actual presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial— concedió una licencia de obras para la construcción de diez chalets de lujo en suelo terciario, en la zona conocida como La Fabriquilla  . El magistrado, en una reciente providencia, también solicita copia del expediente administrativo que incluye la licencia de obras, así como el aprobado por el pleno del Ayuntamiento para modificar la calificación de la parcela. Este último acto administrativo fue denunciado por la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Vivienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, hace justo un año, dictó sentencia a favor de la Junta.
La concesión de dicha licencia de obras podría ser “constitutiva” de un delito de prevaricación urbanística si se demuestra que se hizo de manera contraria a las normas urbanísticas vigentes, como apunta la Fiscalía de Almería en su escrito. Algo que ya incluía el TSJA en la sentencia de noviembre de 2011. Los hechos a investigar, consisten en la concesión mediante resolución de una licencia de obras para la construcción de diez viviendas de lujo en la Unidad de Ejecución 109 en el paraje de La Fabriquilla y otorgada por el ahora exconcejal de Urbanismo cuando aquella parcela estaba calificada como de uso terciario y no como residencial, según el PGOU del municipio de 1997.
La modificación del suelo para su adaptación a residencial se produjo en marzo de 2006 y este acto es el que denunció la Junta al TSJA, al entender que vulneraba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, de rango superior y anterior a la modificación puntual. El TSJA fue claro al respecto: “Resulta del todo punto concluyente que son de aplicación las determinaciones de la LOUA”.
El actual PGOU de Roquetas de Mar es de 2009. El Ayuntamiento no modificó en ese documento la calificación del suelo sobre el que se construyeron las viviendas —figura como terciario— para evitar una paralización del plan general, toda vez que ya existía sentencia del TSJA desfavorable al cambio de uso. El equipo de gobierno promueve en la actualidad una serie de innovaciones al PGOU, una revisión en la que busca legalizar esta y otras modificaciones.
El grupo municipal de Izquierda Unida sostiene que no es una situación que afecte a un solo imputado. “El fiscal ve indicios de prevaricación en lo que hizo el exconcejal y el anterior equipo de gobierno y, ahora, los que vienen después pretenden darle cobertura legal”,