La propuesta se refiere a las ofrendas e invitaciones por
parte de contratistas de las instituciones. El resto serían registrados
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-IU
ha propuesto a la Mesa de Partidos, constituida el pasado martes, una serie de
medidas para perseguir la corrupción, entre las que se encuentran prohibir que
los cargos públicos y de libre designación puedan recibir regalos e
invitaciones por parte de contratistas de la institución con un valor superior
a 200 euros, debiendo ser rechazados o entregados a la institución. La propuesta formulada por IU reclama una regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y de libre designación, que incluya la creación de un Registro Público de Obsequios e Invitaciones por cuantía inferior a 200 euros.
Otra de las propuestas formuladas por la federación de izquierdas hace referencia a la reforma del régimen de aforamiento de los cargos de extracción autonómica, de tal modo que este privilegio quede restringido a hechos relacionados con actuaciones en los órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada.
IU reclama también la ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y los "corruptores" públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, o tráfico de influencia, entre otros delitos.
Junto ello, se solicita la reforma de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos mediante una regulación de un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los cargos públicos de gobiernos municipales, así como de miembros de las comisiones provinciales y autonómicas de urbanismo en relación con las responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo, vinculadas al sector de la construcción y el urbanismo.
Es importante también para IU reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral con el fin de garantizar la representación de los electores en condiciones de proporcionalidad; y de limitar drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y coaliciones en campañas electorales, fijándose un tope máximo de gasto.
Desde la federación de izquierdas también se propone modificar el Reglamento de la Cámara sobre comisiones de investigación, la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos y la prohibición de donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos.
El reforzamiento de las auditorias y fiscalización de la gestión e los recursos públicos, que serán obligadas en el caso de procesos judiciales que afecten a la Administración; la creación de una oficina de regulación del registro de intereses de los parlamentarios; o el establecimiento de un código ético del cargo público, son otras de las peticiones de IU.
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