LAEDICION.NET.-Blanqueo de capitales y
organización criminal. Estos son los dos delitos sobre los que se articulan las
últimas diligencias entregadas por la Guardia Civil a la juez Mercedes Alaya,
que instruye los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. Basándose en ellos,
el Grupo de Delitos Económicos de la UCO ha detenido en la última fase
de la operación Heracles a 22 personas (no se descartan más arrestos) y ha
notificado nueve citaciones judiciales a otras que ya estaban imputadas.
Estos nuevos delitos ya han motivado el ingreso por
segunda vez en prisión del exdirector general de Trabajo Francisco Javier
Guerrero y la previsión es que en las próximas horas la nómina de autos
de prisión aumente, dado que los investigadores acusan de blanqueo y
organización criminal a la mayoría de los nuevos detenidos e imputados. El
abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, explicó a ABC que su cliente fue
enviado a prisión preventiva por «la posibilidad de influir sobre otras
personas investigadas».
Circuito del dinero
En el último tramo de la investigación, declarada secreta
el pasado noviembre, se ha logrado, por una parte, reconstruir el flujo de
dinero que seguían parte de los fondos procedentes de la Junta andaluza
y, por otra, determinar que los implicados en la trama de los ERE forman parte
de una organización criminal; es decir, que actuaron de forma concertada para
desviar fondos públicos.
El volumen desviado supera ya los 50 millones de
euros, pero los investigadores están convencidos de que cuando se analice la
documentación esa cantidad aumentará.
La incorporación de estos nuevos nuevos delitos que se
suman a los que ya figuraban en el sumario (cohecho, malversación de fondos
públicos, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros)
suponen un salto cualitativo. La razón es que han permitido identificar a los beneficiarios
y responsables de los hechos, así como fijar las motivaciones que favorecieron
que este sistema fraudulento se mantuviera en el tiempo.
El circuito del dinero reconstruido es el siguiente:
desde la Junta andaluza se libraban fondos para la reestructuración de
plantillas de empresas; ese dinero llegaba a las aseguradoras y a continuación
a las mediadoras donde las sobrecomisiones se disparaban (más de 50 millones).
Facturas falsas y sociedades
A continuación se daba salida a esas cantidades a través
de dos procedimientos fundamentalmente: facturas falsas, como algunas de las
emitidas a favor de Mercasevilla por ejemplo para partidas de pintura, o
a través de entramados de sociedades instrumentales. ¿Quiénes eran los
beneficiarios últimos? Guerrero y el resto de imputados de la cabeza de la
trama hacían sus negocios, pero el organigrama se ramifica en cuatro
patas: los responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter; el sindicalista
Juan Lanzas, conseguidor, y el Estudio Jurídico Villasís, que según los
investigadores trabajaba indistintamente para unos y otros.
Todos se han repartido el dinero desviado, según las
investigaciones, pero ese procedimiento no habría sido posible sin el conocimiento
y consentimiento de los consejeros del Gobierno andaluz, aunque hasta
ahora solo se haya podido acreditar parte de esa responsabilidad.
En los registros (13), además de material informático, se
encontró dinero en efectivo, en concreto 82.000 euros en la casa de Juan
Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaén), pero los investigadores tienen constancia
de que se han producido numerosos pagos de dinero en metálico.
El pacto con IU, en peligro
La trama de los ERE llegó ayer a los pasillos del
Congreso. Allí el portavoz adjunto del Grupo Popular y diputado por Almería,
Rafael Hernando, pidió al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, que deje de «huir» de las responsabilidades políticas porque, a
su juicio, éstas están ya «en la puerta de su despacho», de ahí que le instara
a «contar la verdad».
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, socio de
Gobierno de Griñán, aseguró, por su parte, que Izquierda Unida se replantearía
el pacto con el PSOE si la justicia «va más allá» de lo que concluyó la
comisión de investigación sobre los ERE. Tras estas declaraciones, el
coordinador general de IU, Cayo Lara, dejó la decisión en manos de sus
compañeros en Andalucía aunque cree que el pacto no está en riesgo.
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