COAG Almería intentó que el juzgado creyera que no podía embargarle unos vehículos para pagar el despido de un trabajador

Otra organización afín a ésta presentó una “tercería de dominio” que no “coló” y finalmente se produjo el embargo aunque tampoco fueron tomadas medidas legales por este intento

LAEDICION.NET.- La organización agraria COAG Almería intentó que el juzgado que había ordenado el embargo de tres de sus vehículos para pagar la indemnización por despido al periodista que trabajaba en su gabinete de comunicación, creyera que ya no eran de su propiedad porque los había vendido. El juzgado no se lo creyó, y finalmente ejecutó el embargo y la posterior venta.
Según consta en los autos, el 25 de octubre de 2012, la representante legal de Ceres, una organización afín a COAG, presentó en el juzgado una “cuestión incidental de tercería de dominio”, en la que alegaba que los tres vehículos cuyo embargo había sido ordenado por el juzgado para afrontar el pago de la indemnización correspondiente al mencionado trabajador por despido improcedente, habían sido adquiridos con antelación.
Si el juzgado llega a aceptar esta cuestión, los coches no hubieran sido embargados al no ser propiedad de COAG, pero no ocurrió así.
De hecho, Ceres presentó factura por la compra de los tres vehículos con fecha 17 de mayo de 2012, si bien resulta que con fecha uno de junio de ese mismo año y como ya informó Noticias de Almería, COAG envió un burofax al ex trabajador, en el que le avisaba que si seguía adelante con su demanda, le reclamaría el “lucro cesante” por el embargo de los vehículos. Resulta obvio que si los vehículos ya no eran de COAG no hubiera podido reclamar tal “lucro cesante”.
Pero al margen de este detalle, lo cierto es que el juzgado se desentendió del escrito de Ceres y siguió adelante con el embargo y la posterior venta, por lo que queda en evidencia que pudo ser una maniobra para evitar quedarse sin los tres automóviles.
COAG Almería ha sido declarada “insolvente” por el juzgado esta pasada semana, por lo que además del dinero recibido por la venta de estos bienes, el periodista despedido tendrá que cobrar del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).