La delegada del
Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con mandos
policiales y los ocho subdelegados del Gobierno en las provincias andaluzas para
fijar pautas de actuación en distintos temas de seguridad y mejorar los
mecanismos de coordinación.
LAEDICION.NET.-Tras
la reunión, la delegada ha anunciado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FFCC) aplicarán la legislación vigente para prevenir posibles
situaciones de acoso, coacción o intimidación en manifestaciones que se
convoquen ante domicilios de diputados o personalidades públicas, “para
garantizar que el derecho a manifestarse sea compatible con el derecho de
las familias a vivir en paz y el derecho a la intimidad”.
Crespo ha explicado
que los agentes seguirán el protocolo común para manifestaciones y
concentraciones no comunidas, con arreglo a la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana, de manera que los agentes procederán a la
identificación de los concentrados, mientras que la administración podrá
porponer sanciones administrativas conforme a la Ley Orgánica 9/1983,
reguladora del derecho de reunión. En caso de que los concentrados actúen de
forma violenta y se detecten indicios de delito, los agentes procederán a la
identificación y, en su caso, detención, dando traslado a la autoridad judicial
competente.
Para las
concentraciones no comunicadas que se realicen ante los domicilios particulares
de cargos o personalides públicas, los agentes adoptarán medidas adicionales,
como el establecimiento de una distancia prudencial, para la inviolabilidad del
domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus
familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de
circulación de los ciudadanos.
La delegada ha
animado a condenar las concentraciones que puedan producir situaciones de
acoso, coacción o intimidación porque “no ayudan a la democracia”, al tiempo
que ha censurado las palabras de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena
Cortés, que recientemente afirmó que si no fuera consejera, colaboraría en este
tipo de acosos, al entender que “estas palabras incitan a la violencia”.
Seguridad en el
campo
A lo largo de la reunión, y atención a las demandas de los agricultores, también se han propuesto medidas para mejorar la seguridad en el campo andaluz. En este sentido, la delegada ha animado a los agricultores a denunciar los robos en el campo y ha anunciado que se va a establecer un sistema de pre-denuncia, con la participación de las organizaciones agrarias como intermediaras, para facilitar su interposición.
A lo largo de la reunión, y atención a las demandas de los agricultores, también se han propuesto medidas para mejorar la seguridad en el campo andaluz. En este sentido, la delegada ha animado a los agricultores a denunciar los robos en el campo y ha anunciado que se va a establecer un sistema de pre-denuncia, con la participación de las organizaciones agrarias como intermediaras, para facilitar su interposición.
Deshaucios
Por otra parte, y en relación con el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía que hoy publica el BOE, la delegada ha recordado que “el derecho a la vivienda debe ser igual para todos los españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que residan”.
Por otra parte, y en relación con el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía que hoy publica el BOE, la delegada ha recordado que “el derecho a la vivienda debe ser igual para todos los españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que residan”.
Crespo, asimismo, ha
defendido las medidas que impulsa el Gobierno de España, con las que se trata
de “reequilibrar las posiciones entre deudores y entidades financieras y de
proteger a los más débiles” . A este respecto ha recordado que el proyecto de
Ley Antidesahucios se encuentra estos días en tramitación en la Comisión de
Economía del Congreso de los Diputados, que está debatiendo un texto refundido
entre la ILP antideshaucios y el proyecto de ley presentado anteriormente por
el Gobierno de Mariano Rajoy.
El proyecto de Ley permite, entrer otras cosas, paralizar las ejecuciones hipotecarias si hubiera cláusulas abusivas en el contrato hipotecario y reduce y limita los intereses de demora (tres veces el interés legal del dinero).
El proyecto de Ley permite, entrer otras cosas, paralizar las ejecuciones hipotecarias si hubiera cláusulas abusivas en el contrato hipotecario y reduce y limita los intereses de demora (tres veces el interés legal del dinero).
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