El
Ayuntamiento de Gádor ha acordado por unanimidad en el Pleno celebrado por la
Corporación Municipal adherirse al Convenio para la Creación del Fondo Social
de Viviendas para Afectados por Desahucios,
con el que se pretende ayudar a aliviar en la media de lo posible el
grave dama social generado por los desahucios.
LAEDICION.NET.-· Este convenio
contempla la creación del fondo social de viviendas destinadas al alquiler, constituido
con unas 6.000 viviendas, aportadas por las entidades financieras y a las que
podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a
partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en situación
especial de vulnerabilidad social.
Esta
iniciativa viene motivada por el creciente deterioro de la situación económica
de los últimos años, que ha desembocado progresivamente en un incremento del número de familias, que
habiendo accedido a su vivienda habitual gracias a la financiación hipotecaria,
no han podido afrontar adecuadamente el
pago de sus préstamos y han sufrido
finalmente el desalojo de sus vivencias.
La intensidad y gravedad de las consecuencias
ocasionadas por los desahucios sobre las circunstancias personales y sociales
de las familias hacía necesaria la adopción de medidas por parte de todos los
agentes económicos y sociales, por lo que ante el serio problema de los
desahucios, han sido numerosas las manifestaciones de sensibilidad por parte de
los ayuntamientos españoles.
Como
consecuencia, la Federación Española de
Municipios y Provincias manifestó al Gobierno su disposición a buscar
soluciones para paliar el impacto de los desalojos, y en respuesta a esta
creciente demanda, la Junta de Gobierno de la FEMP acordó suscribir el Convenio
para el Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios, junto con el Ministerio
de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, entidades financieras y
la Plataforma del Tercer Sector.
El
papel de la FEMP en este acuerdo es, en términos generales, facilitar a las
Entidades Locales su adhesión como colaboradoras. En virtud de esa
colaboración, los servicios sociales de Ayuntamientos y Diputaciones serán los
que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad
o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre
los demandantes.
Con
este proyecto todas las instituciones firmantes, a las que se suma el Ayuntamiento de Gádor, pretenden
favorecer el acceso a un alojamiento adecuado y digno a aquellas personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad y dificultad social, dando una
respuesta rápida para reducir, en la medida de lo posible, este drama social.
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