La Fiscalía destaca el aumento en la provincia de los delitos urbanísticos

Casi una quincena de alcaldes fueron imputados por prevaricación en 2007 · La memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente valora positivamente cuatro sentencias que ordenan el derribo de 20 casas

La Fiscalía de Medio Ambiente tuvo el pasado año más trabajo que nunca en la provincia. Según la memoria anual, el ejercicio de 2007 se cerró con la tramitación de procedimientos penales por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística contra una quincena de alcaldes de la provincia que, en algunos casos, se enfrentan a múltiples causas judiciales por la concesión de licencias administrativas que son "contrarias claramente" a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Así se recoge en la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente, en la que se destaca por su "especial interés" el incremento de los procesos entre los que se incluye la incoación de escrito de acusación contra un edil por la supuesta omisión del deber de perseguir delitos.
El documento del Ministerio Público que se hace público tres meses después de la primera fase de la Operación Costurero, que se saldó con 24 imputados entre los que se encuentran el alcalde y el concejal de Zurgena, Cándido Trabalón y Manuel Tijeras, refleja que son "prácticamente inexistentes" las diligencias incoadas por los ayuntamientos que, según critica, "no están remitiendo a la Fiscalía denuncias relacionadas con construcciones ilegales pese a tener competencia en disciplina urbanística". En este sentido, se apuntan también los que califican como "frecuentes" intentos de las autoridades municipales por "salvar las irregularidades que posiblemente han consentido" con proyectos de planes generales que intentan "regularizar todo tipo de construcciones en todo tipo de terrenos".
La memoria anual evidencia que el 67% de las causas tienen lugar en los partidos judiciales de Huércal Overa, Vera y Almería. La capital tiene el 17%, un 16% los juzgados de Vera y hasta un 33% el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal Overa, el que instruye la Operación Costurero. La Fiscalía valora positivamente las cuatro sentencias que ordenan el derribo de 20 viviendas ilegales.
Según el delegado provincial de Vivienda, Luis Caparrós, "en lo que va de año han descendido los expedientes por irregularidades urbanísticas" y lo achaca al gran sentido de la responsabilidad de la mayoría de los alcaldes.