PP-A critica que la Junta destine a ayuntamientos "únicamente" 4,8 de los 22 millones municipales

El PP de Almería criticó que la Junta de Andalucía haya destinado "únicamente" 4,8 millones de euros del total de 22 millones de euros librados por el Ejecutivo central para políticas de Inmigración en los ayuntamientos andaluces, lo que supone, según sus cálculos, que cada uno de los 15 consistorios de la provincia con competencias en la materia cuentan con 0,02 euros por persona y día.

Así lo detalló en rueda de prensa la parlamentaria andaluza popular Aranzazu Martín, quien lamentó que el Gobierno andaluz "venda como inversión propia" el resto de la partida, calculada con datos de población correspondientes a 2007 y que recogen un desfase --enfatizó-- de 14.000 inmigrantes.

Martín señaló, en esta línea, que la dotación del Plan Integral de Inmigración, con vigencia hasta el presente año, se ha invertido en "su mayor parte" en folletos y campañas publicitarias, por lo que, a su juicio, "no es sino una tapadera de la Junta de Andalucía para eludir responsabilidades y cargar a los ayuntamientos y ONGs".

En concreto, cifró en 117 millones de euros la partida gastada en "sensibilización" de la población inmigrante con respecto a la escolarización frente a los 6,3 millones de euros destinados a las aulas de adaptación lingüística.

En atención sanitaria, las críticas de la parlamentaria andaluza del PP por Almería volvieron a centrarse en las campañas y folletos que han copado, según aseguró, 37 de los 38 millones de euros presupuestados mientras que el Gobierno andaluz "no ha tenido la sensibilidad suficiente", a su juicio, para evitar que los 58 inmigrantes de media que "se unen a las filas del paro cada día" puedan engrosar "las listas de la marginalidad".

Al hilo de esto, Martín avanzó que elevarán ante la Cámara baja andaluza una batería de iniciativas destinadas al control del Gobierno y pedirán la comparencia de las titulares de las consejerías de Educación, Gobernación y Bienestar Social, además de presentar una proposición no de ley en la que instarán al incrementar las aulas y docentes de adaptación lingüística, a triplicar los fondos de nivelación y a la puesta en marcha de nuevos juzgado y centro de menores.