Periodistas de RCTV declaran contra Venezuela ante la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrollaba el jueves la audiencia final de una demanda contra Venezuela presentada por periodistas de la televisora RCTV, por agresiones y amenazas sufridas mientras cubrían manifestaciones callejeras.

Tres testigos -entre ellos dos camarógrafos de RCTV- declararon en la audiencia en la sede de la Corte en San José, presidida por el juez Sergio García Ramírez debido a una "leve y transitoria indisposición" de la presidenta del tribunal, Cecilia Medina.

La audiencia, que representa un nuevo 'round' en la larga contienda entre RCTV y el gobierno de Hugo Chavez, comenzó con la declaración del cámara Carlos Colmenares, que relató un incidente ocurrido la noche del 19 de agosto de 2003, cuando -según su testimonio- fue herido por un policía en Caracas durante una manifestación.

"Yo enfoco (la cámara) al último (policía) motorizado, él carga la escopeta y nos apunta", declaró Colmenares. "Dispara y siento los perdigones que me dañan parte del cuello y brazos", agregó, asegurando que cerca de él no había manifestantes, sino únicamente los miembros de su equipo de prensa.

Colmenares declaró que tras ser herido reclamó de inmediato por lo sucedido al jefe del escuadrón policial en el lugar, que desestimó sus quejas.

"El comisario me dijo: 'Le viste el nombre o el número de placa' (al agente que disparó). 'No, imposible', le dije. 'Bueno, no hay nada que hacer' me respondió", relató al tribunal.

Los abogados de ambas partes y un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sérgio Pinheiro, hicieron preguntas a los testigos.

Asimismo, los abogados de ambas partes, y el representante de la CIDH presentarían sus "alegatos finales orales" del caso antes de que la Corte dicte su fallo, lo que podría tomar unos cuatro a seis meses, dijeron los litigantes.

Los otros testigos citados son el camarógrafo Antonio Monroy y, por la parte contraria, el ministro de Información venezolano, Andrés Izarra.

Venezuela ha insistido en que no existen pruebas de que las agresiones y amenazas hayan sido obra de agentes del Estado, y que el gobierno de Chávez no ha afectado el derecho a la libre información.

El abogado de Venezuela, Germán Sanstron, así como los de los demandantes, Pedro Nikken y Carlos Ayala, estaban optimistas con esta audiencia.

"Creemos que éste es un caso muy importante para establecer estándares en este continente de que los periodistas no pueden ser impunemente agredidos", dijo Ayala a AFP. "Queremos que se establezcan las responsabilidades internacionales del Estado y se respete el derecho a la libertad de expresión", agregó.

Una veintena de reporteros y cámaras de RCTV presentaron la demanda, aduciendo que fueron amenazados y agredidos mientras cubrían manifestaciones, sin que las autoridades investigaran adecuadamente los hechos ni sancionaran a los responsables.

Chávez decidió en 2007 no renovar la concesión de RCTV para transmitir en señal abierta, por lo que ahora su programación sólo llega a abonados por cable.