Afrancesados

A propósito de la polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, a colación suya, acerca de la cada vez más dudosa separación de poderes; deseo compartir con ustedes que siento una cordial desafección por aquellos políticos que profesan admiración por la Revolución Francesa. Recuerdo, por ejemplo, a determinados representantes de nuestro Gobierno declarándose 'afrancesados' en plena celebración del segundo centenario del alzamiento del 2 de mayo.
No sé a ustedes, pero a mí la imagen de las turbas francesas arrasando la Bastilla a fuego y muerte me produce auténtico estremecimiento. No en vano, hoy en día, la mayoría de historiadores coinciden en que, desde sus inicios, aquella Revolución se fundó en excesos de ira que alcanzaron extremos insoportables. Robespierre, Fouché o Marat establecieron un régimen del terror que Napoleón exportó con éxito al resto de Europa.
Por tanto, por una cuestión de mera higiene intelectual, no me imagino a ningún político español celebrando la Revolución Francesa, aunque reconozca la innata capacidad de alguno para causar oprobios mayores.
No obstante, atendiendo al terreno por el que vagan trashumando ciertos gestores públicos, no tiene sentido insistirles en que se centren en el interés general, por lo que deberíamos empezar a resignarnos con que reflexionen sus repentinos estallidos de inspiración y, a poder ser, que huyan de frivolidades descaradas.
En esta línea, cuando miembros del Gobierno se autoproclamaron 'afrancesados' hubiera sido un detalle, por su parte, que explicaran a qué se referían exactamente, es decir, de dónde procedía tanta simpatía: si de las invasiones de Napoleón, de las hordas jacobinas o del expolio a nobles, clérigos y burgueses.
Intuyo que, probablemente, lo que intentaron trasladar nuestras autoridades es su respeto y admiración por el poso intelectual que dejaron Montesquieu, Rousseau o Locke, precursores del liberalismo y, en mi opinión, las tres figuras más importantes e influyentes de la filosofía política.
En tal caso, convendría que el Gobierno tuviera en cuenta dos ideas: en primer lugar que ninguno de ellos fueron 'afrancesados' porque fallecieron antes de la Revolución; y, en segundo lugar, que bajo ningún concepto avalarían la reforma del Poder Judicial que ha efectuado el Parlamento español.
Siempre he creído que, convertir la Justicia en un apéndice de los Grupos Parlamentarios, lastrando su independencia y, por ende, debilitando la separación de poderes, supone un ataque frontal a la médula espinal de cualquier democracia. La historia ha demostrado que cuando un Poder no alienta y promueve el juicio crítico, la libertad de la sociedad termina convirtiéndose en un mero espejismo.


José-Domingo Lázaro Álvarez
josedlazaro@yahoo.es