Los alcaldes serán los que identifiquen las casas ilegales

La Junta espera que los municipios del Almanzora hayan aceptado colaborar para final de año. Los afectados siguen con su calendario de movilizaciones, la próxima será el 18

Serán los alcaldes los que tengan que identificar una por una las viviendas ilegales con las que cuenta su municipio para que la Junta de Andalucía estudie cada caso y determinar si reúnen o no las características para evitar su derribo. Así se lo comunicó ayer el delegado de Vivienda de la Junta de Andalucía, Luis Caparrós, a los representantes políticos de nueve municipios del Almanzora, en los que se considera que existen cerca de 6.000 construcciones habitables fuera del suelo urbano.

De esta manera, el delegado se puso la meta de final de año para que los Ayuntamientos hayan firmado los convenios de colaboración que permita realizar una nueva cartografía de las viviendas afectadas, dentro del Plan General de Inspección aprobado para toda Andalucía. Además deja en manos de los responsables municipales "el que hagamos un trabajo bien hecho y de calidad".

La colaboración, sin especificar un calendario para la finalización del inventario, a partir de ahí, estará destinada a "ver el territorio y grafiar vivienda a vivienda para ver dónde está construida", en relación a las posibles soluciones que se plantean para su legalización. El procedimiento será realizado como "un trabajo de campo, como los amantes de la naturaleza que no les importa ir de un lado para otro para observar a un pajarito", según Caparrós.

Desde la Junta se espera que cerca del 95% del total no se vean afectadas por medidas como el derribo forzoso, como ya anunciara la Delegación a Almería Actualidad a comienzos del pasado mes julio. Así, ya se cifraba en unas cien las viviendas que caerían por encontrarse situadas en suelo de especial protección o en lechos de los ríos, aunque para ofrecer dicha cifra desde la administración autonómica se barajaba un 1% de viviendas "insalvables" dentro de los futuros planeamientos de las localidades.

No habrá problemas para aquellos inmuebles que estén en el entorno de los núcleos urbanos y que compartan el abastecimiento y saneamiento, la red eléctrica o las depuradoras, como servicios básicos, y que serán integradas por los nuevos planes de ordenación como suelo urbanizable. Pero no será la Junta de Andalucía quien sufrague el costo que supondrá la adaptación de las calles a los servicios municipales, por lo que ello quedará también en manos de los Ayuntamientos, o de los propietarios de las viviendas.

Quedarán fuera de ordenación pero sin derribarse las que se encuentran diseminadas, pero con la voluntad de crear un área de especial protección alrededor de ellas para que no proliferen las construcciones, "y que si aprecian nuevas viviendas se pueda ir contra sus propietarios por la vía penal", remacha el delegado.

El Almanzora se convierte de forma oficial como una de las comarcas de especial prioridad dentro de los planes autonómicos, señala el delegado, quien quiso "transmitir tranquilidad" a los propietarios de dichos inmuebles. Así, la reunión con los alcaldes estuvo seguida por un encuentro con los portavoces con la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, a los que resaltó que la voluntad autonómica lejos de "que los ingleses no se instalen en la zona, es la de garantizar que tengan las calidades necesarias para que puedan vivir con los servicios mínimos".

El objetivo último de la reunión era que entendieran que "no vivimos en un país tercermundista, y queremos sostenibilidad en los recursos". Esa es la dirección hacia la que va encaminado el trabajo autonómico, indica Caparrós, quien subraya que los alcaldes del Almanzora "se han mostrado muy receptivos con las propuestas presentadas".

Además, no descarta el responsable autonómico en materia urbanística en la provincia que se iniciará una vía de colaboración también con otras administraciones, por lo que afirma que se pedirá a la Diputación Provincial para que asesore a las entidades locales que lo soliciten.

Sobre las promociones que se encuentran ya en manos de la justicia, muestra la Junta la voluntad de "acatar la resolución del poder judicial", y resaltó a quienes se sienten agraviados por el apoyo que se ofrece desde la Junta de Andalucía a las decisiones judiciales que "no estamos en una república bananera".

Pese a la reunión, los británicos afectados siguen con la intención de mantener el calendario de movilizaciones. La próxima protesta será el día 18, sobre todo, por las cuatro resoluciones administrativas de derribo de la Junta de Andalucía y las diligencias penales incoadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal Overa. Los portavoces de los británicos señalas que "con esta crisis no pueden estar pendientes de las sentencias y decisiones de la Junta de Andalucía, por lo que no consentiremos que se siga por esta línea de indefinición".

Además, señalan al delegado que "si tan claro tiene la solución para evitar que se sigan derribando viviendas, porqué se ha procedido ya a una actuación en una vivienda en Vera".

La Junta no quiere que se repita dicha situación y ayer la visión que se resaltaba por parte de sus responsables era de apoyo a sus propuestas por parte de entidades y colectivos implicados. De hecho, el propio delegado manifestaba su deseo de que se mantenga la colaboración hasta completar el proceso, "a lo largo de esta Legislatura, a ser posible, a la par que se va dando el visto bueno a los distintos planes generales de los ayuntamientos".