Los diputados del Grupo Popular de la Diputación de Almería ha trasladado ya al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Almería la documentación que han considerado pertinente para que la justicia compruebe si en el caso de los asesores de la Diputación existe algún delito, el PP habla de posible malversación de fondos, prevaricación y financiación ilegal de partido, para lo que, tras pasar por las manos de sus servicios jurídicos, han recopilado y entregado copias de lo publicado en un semanario político nacional, emitido en una cadena de televisión, y editado en medios locales de la provincia, sobre este asunto en el que, tres de los integrantes del personal de confianza, admitían cobrar de la Diputación, pero trabajar para el PSOE.Acusan también al PSOE, y en concreto al presidente provincial Juan Carlos Usero, de estar "una vez más mintiendo y ocultando la realidad", después de cesar a Antonio Ortiz, Rosalía Gallardo y Diego López, las tres personas que aparecen en el vídeo, ceses recogidos en el decreto 1506 de 2008, pues en el siguiente, el decreto 1507 de 2008, hay una cuarta baja, la de Nerea Hernández, que además de asesora es secretaria de organización del PSOE de Almería, hecho que no ha sido anunciado, dicen, de la misma forma que los anteriores.
Aunque José Fernández, portavoz del Grupo Popular, no puede concretar si existen más "datos ocultos" aparte de los ya recogidos, y por tanto si habrá más asesores o directores de área que hayan actuado de tal manera, "intuyen" que esto pueda ser así, y asegura que desde el año pasado, cuando se nombraron estos puestos, ya han preguntado en diversas ocasiones por la labor y función de los mismos.
En cualquier caso, siguen considerando como "responsable máximo a Usero, conocedor, puede tener cómplices, pero como presidente de la Diputación ha ordenado los pagos, por honradez política debe dimitir, no es digno de ser presidente, debe asumir su responsabilidad política", dice Fernández, quien también afirma que hay "muestras palpables de que los programas y acuerdos para el PSOE son papel mojado". Hace referencia a dos documentos, un acuerdo con Izquierda Unida en el que se habla del objetivo de "profundizar en la democracia local... garantizar la transparencia y la honestidad en las instituciones locales", y del programa marco de mayo de 2007, en el que se recoge que "el dinero público y la gestión de los servicios municipales, deben servir exclusivamente para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y ciudades", algo que, a ojos del PP, el PSOE no hace.
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