El ex presidente de Sol y Arena: "He defendido a los regantes"

El fiscal pide once años de cárcel por un presunto delito de estafa por lucrarse ilícitamente de ayudas de la Junta para regadíos • Ayer comenzó la vista oral
La historia se remonta a finales de los años ochenta. La Comunidad de Regantes Sol y Arena recibió una serie de subvenciones por parte del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), dependiente de la Junta de Andalucía, para mejorar las instalaciones de regadío en el Campo de Dalías.

Ayer arrancó la primera de las cinco sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con la declaración del entonces presidente de los regantes, Pedro Mena, acusado por la fiscalía de un delito de estafa y otro contra la Hacienda Pública, enfrentándose a once años de prisión.

El fiscal considera que existe un lucro ilícito proveniente de las ayudas otorgadas por la administración regional, pues el importe de las obras lo califica de "notoriamente desproporcionado en relación con su coste real".

Pedro Mena aseguró ayer durante la primera sesión que siempre ha actuado "en defensa de los intereses de los regantes" y que nunca movió "un punto ni una coma" sin el consentimiento de la Junta Directiva.

La fiscalía le acusa de haber causado un perjuicio económico de 5,1 millones de euros a la Comunidad de Regantes Sol y Arena, a los que añade otros 3,4 millones, presuntamente defraudados a la Junta de Andalucía.

El IARA subvencionó las obras de mejora de infraestructuras para regadío con 7,3 millones de euros para una primera fase, y con 2,9 millones de euros para la segunda.

Las obras se encargaron a la empresa Tecniriegos, cuyo administrador mercantil, Santiago Penichet, también se encuentra acusado por el fiscal por participar en los proyectos "sin concurso alguno", para lucrarse ilícitamente "repartiéndose los beneficios económicos" en una operación cuyo importe final lo califica de "notoriamente desproporcionado en relación con el coste real de las obras". El extenso interrogatorio a Mena ha servido para desvelar que Sol y Arena no estaba constituida legalmente como comunidad de regantes y ni siquiera había aprobado sus estatutos, aspectos que la invalidaban para acometer las obras y para recibir las subvenciones de la Junta de Andalucía. Pese a lo anterior, la actuación se llevó a cabo a través de la Junta Central de Usuarios del Poniente, presidida también por Mena, quien fue autorizado en asamblea general de marzo de 1993 para efectuar cualquier gestión relacionada con este proyecto, entre ellas la petición de créditos, lo que hizo en nombre de Sol y Arena. Las obras de regadío en el Campo de Dalías se ejecutaron por un valor de 18,3 millones de euros, para lo que se solicitó un crédito a Cajamar.