Los alcaldes del PP se desmarcan del apoyo a la Ley de Vivienda

La Federación de Municipios avala el proyecto con el rechazo de los populares, que lo califican de "estafa" • La Junta asegura la financiación •Tres años de vecindad para acceder a la VPO
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, se comprometió la pasada semana a remitir en febrero al Parlamento una de sus bazas electorales: la ley que garantizará el derecho a una vivienda a todos los andaluces que cobren menos de 3.000 euros. El anteproyecto de ley fue presentado ayer a los alcaldes en el seno del Consejo de Concertación Local, órgano de interlocución entre la Junta y los 770 municipios andaluces, y recibió el apoyo de los regidores de PSOE e IU y el rechazo del PP. Los populares, representados en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), apoyaron en diciembre de 2007 el Pacto por la Vivienda, embrión de la futura normativa.

"Aquello fue una declaración de intenciones y ahora se confirma que el Gobierno ha incumplido lo que prometió", justificó ayer en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, para anticipar el no de sus 150 alcaldes a una "estafa electoral" y reclamar la reforma del proyecto.

La razón del PP para rechazar la ley se basó en que Chaves ha "trasladado" su promesa a los ayuntamientos para que "afronten en exclusiva y sin financiación las garantías del acceso a la vivienda", anotó Sanz. El anteproyecto obliga por ley a los ayuntamientos a contar con un plan municipal donde defina las necesidades de vivienda de sus vecinos y a articular un registro municipal de demandantes. Si en dos años no lo tienen, los ciudadanos podrán reclamarles que se les priva del derecho.

El PP-A anotó que, "hoy en día, el planeamiento y la acción jurídica de las políticas de vivienda corresponden a la Junta y no a los ayuntamientos" y manifestó sus "dudas" acerca de la legalidad de esta derivación jurídica y competencial.

La futura ley no garantizará la titularidad de una vivienda, tras pasar por el informe del Consejo Consultivo, sino la obligatoriedad de las administraciones públicas de garantizar las condiciones para que ese derecho sea efectivo. La Junta, si no cumple con sus planes de vivienda, puede ser denunciada, al igual que los ayuntamientos si no articulan la estructura para atender la demanda de los vecinos.

El consejero de Vivienda, Juan Espadas, les garantizó ayer en la reunión que mantuvieron que la ley "tiene completamente garantizada su financiación" y que tanto la elaboración de los planes municipales de vivienda como de los registros de demandantes "serán financiados por la Junta de Andalucía, por lo que supondrán ningún coste adicional para los ayuntamientos".

Este compromiso motivó el voto favorable de los alcaldes en representación del PSOE e IU y la abstención en representación del PP del alcalde de Bornos, Fernando García, que suplió a los ausentes alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y Marbella, Ángeles Muñoz, ambos de viaje en el extranjero. Esta abstención se debió a la presentación de novedades en el anteproyecto. Tras su análisis, confirmaron fuentes de la dirección regional del PP, se comunicó el rechazo a la propuesta.

Las aportaciones de la FAMP recogidas en el nuevo texto establecen la necesidad de que los ciudadanos tengan tres años de vecindad administrativa en algún municipio andaluz para hacer efectivo el derecho a la vivienda. No obstante, los municipios podrán, con carácter motivado, exigir un periodo de empadronamiento menor.

La segunda novedad más destacable consiste en la obligatoriedad de la Junta de justificar debidamente su decisión de establecer una reserva de suelo. Además, esta reserva justificará la modificación del planeamiento municipal. La Junta de Andalucía deberá garantizar las dotaciones y equipamiento que se requieran para estos suelos. Otra novedad será que los planes de la Junta deberán oir las demandas de los ayuntamientos y, en rehabilitación, se establecerán áreas de gestión integrada para la rehabilitación de barrios y centros históricos, así como la decisión última de los ayuntamientos sobre lo que destinan a estas tareas de los ingresos producidos por el Patrimonio Municipal de Suelo, sin obligación legal de un porcentaje determinado.