Los ecologistas 'hacen desaparecer' el Algarrobico porque no llega el derribo

Sesenta activistas de Greenpeace cubren la fachada con una gran tela verde para exigir la demolición del hotel tras conocer que el Gobierno no expropiará • Medio Ambiente niega la demora del proceso judicial

A las siete de la mañana, un grupo de sesenta activistas del colectivo ecologista Greenpeace asaltó el hotel del Algarrobico, la mole de 22 plantas y 65.000 metros de hormigón que se ha levantado en pleno parque natural de Cabo de Gata, para 'hacerlo desaparecer' al cubrirlo con una enorme tela verde en protesta por la demora en el derribo del que consideran un símbolo de la destrucción del litoral mediterráneo. Escaladores de la organización colgaron una pancarta de 370 metros en la que se podía leer 'Parque Natural sin Hotel Ilegal' y emplearon más de 18.000 metros cuadrados de tela en cubrir de verde la fachada del macrohotel.

Esta nueva acción responde a la actitud del Ministerio de Medio Ambiente de desistir en el intento de expropiar el hotel después de recibir un informe de la Abogacía del Estado en el que se cuestiona el proceso porque "sería un claro ejemplo de inefacia de la actividad administrativa e ineficiencia en la gestión de fondos públicos". Además, se advierte de que si se confirma el fallo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la anulación de acto municipal afectaría a la determinación del valor y, por tanto, el "justiprecio acordado" con la promotora Azata del Sol para el edificio, que inicialmente se estableció en torno a los 300 millones de euros.

En el apartado de fundamentos de derecho, y en respuesta a una consulta escrita de la Dirección General de Costas, la Abogacía del Estado explica que el proceso de expropiación "podría quedar vacío de contenido al perder todo su valor el objeto", porque, ante lo que califica como circunstancias sobrevenidas en referencia a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, considera como "mejor opción" desistir. En este sentido, Pilar Marcos, portavoz de Costas de Greenpeace, afirmó ayer que "desistir en el proceso de expropiación del hotel significa abandonar las posibilidades reales de demolerlo" y reclamó una hoja de ruta clara con los plazos y las previsiones de la reuniones con la Junta de Andalucía. Los ecologistas piden al Ministerio de Medio Ambiente que "tome las riendas y lidere del proceso para el derribo" y califican de "excusas inaceptables" del Gobierno el no reconocer la "utilidad pública" de la playa en la que se ubica el hotel.

La cuarta acción del colectivo conservacionista en el edificio de Azata del Sol transcurrió ayer con absoluta normalidad, vigilada por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, recibió una rápida y contundente respuesta por parte de la administración. El Ministerio de Medio Ambiente argumentó ayer que su voluntad de colaborar con la Junta para proceder a la demolición del hotel de la playa de El Algarrobico, una vez que haya concluido el proceso judicial actualmente en marcha, en respuesta a la denuncia por su "pasividad" de la organización ecologista Greenpeace.

En un comunicado, la cartera de Elena Espinosa señaló que el informe elaborado por Abogacía del Estado, cuestionado ayer por la organización ecologista, sólo señala la conveniencia de desistir del procedimiento expropiatorio mientras no quede resuelta la cuestión judicial sobre la nulidad de la licencia municipal que en su día concedió el Ayuntamiento de Carboneras y que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En cualquier caso, concluye que el mismo informe señala que no hay ningún obstáculo para que en el futuro, si concurren nuevas condiciones, pueda retomarse de nuevo el expediente expropiatorio por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

La promotora Azata del Sol y las administraciones autonómica y estatal comenzaron a valorar el justiprecio de la expropiación del hotel en noviembre de 2007 con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita agilizar el derribo para no esperar el largo proceso judicial. La promotora pedía 300 millones de euros. El Ministerio de Medio Ambiente rebajó esta valoración a sólo la mitad del inmueble que ocupa la zona de servidumbre y la dejó en cuarenta millones de euros. Sin embargo, tras el informe de la Abogacía del Estado, de finales del pasado año, todo volvió a quedar paralizado y ya son más de doce los pronunciamientos judiciales a favor de una demolición del macrohotel que nunca llega.

Lo que parecía crónica de una muerte anunciada e inminente va camino de convertirse en una gran novela en la que cambian los personajes y el desenlace se hace esperar. El 23 de febrero, dentro de sólo diez días, se cumplirán tres años de la paralización cautelar de las obras y todavía nadie sabe que pasará con el hotel.