Megino lanza un "SOS" para la ampliación del Paseo Marítimo

El concejal de Urbanismo apremia a la Subdelegación del Gobierno a hacer efectivo el compromiso de colaboración para poder expropiar los terrenos
LAEDICION.NET.-El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Juan Megino, ha lanzado un "SOS" al resto de las administraciones públicas, aunque dirigido especialmente a la Subdelegación del Gobierno, para que cooperen en el proyecto de ampliación del Paseo Marítimo de la capital cofinanciando la consecución de los terrenos que el Consistorio ha de expropiar. Existe un compromiso verbal del que todavía Megino no ha obtenido en la práctica una respuesta, según el representante municipal.

No es la primera vez que el concejal de Urbanismo reclama a la Subdelegación que asuma parte de las expropiaciones, cuyo coste fue tasado en una cantidad superior a los 22 millones de euros, un capital que Megino asegura que el Ayuntamiento de Almería no está en disposición de asumir pese a su interés en prolongar esta vital zona de paseo de la ciudad. Los ingresos procedentes de la venta de parcelas de El Toyo prácticamente están agotados y la obra en sí, que asume el Ministerio de Medio Ambiente, no llega ni a la tercera parte del valor de la consecución del suelo.

Son los dos argumentos esgrimidos por el responsable municipal, pero su "SOS" lanzado se debe también a una cuestión de urgencia. El tiempo administrativo corre en contra del Ayuntamiento, ya que hay dos propietarios que solicitaron la ejecución de la expropiación y el plazo de seis meses que legalmente dispone el Consistorio ha concluido, por lo que, en palabras de Megino, "resulta imperativo" que el compromiso de colaboración se haga efectivo en breve.

El concejal ha explicado que el Ayuntamiento puede alegar pero, añade, "si no nos ayudan otras administraciones tendremos que lanzar un SOS". Son dos millones de euros la cuantía a la que se enfrentan las arcas municipales por estas dos propiedades.

Megino mantuvo con esta finalidad una reunión con el subdelegado del Gobierno, Miguel Corpas, el pasado mes de febrero, obteniendo el compromiso de colaboración del representante estatal y quedando pendiente el mismo de concretar la "figura jurídica" que permita intervenir en el proceso expropiatorio. "Aún estamos sin respuesta", comenta el concejal de Urbanismo, quien sacó a relucir, además, "los deslindes de suelo que se quedará el Estado, por lo que -subrayó- deben colaborar".

Por el momento, el Ayuntamiento ha pagado en solitario 1,7 millones de euros por la adquisición de las fincas 252 y 256 de la avenida de Cabo de Gata, que fueron ya derribadas.