jueves, 11 de junio de 2009

El Ayuntamiento de Almería silencia su relación con empresas del caso Gürtel mientras PSOE e IU protagonizan las primeras reacciones

LAEDICION.NET.-Después de conocerse que el Ayuntamiento de Almería concesionó a empresas implicadas en el caso Gürtel, caso de Begar Construcciones y Contratas, comienzan las primeras reacciones políticas. Para el PSOE lo prioritario es que el Ayuntamiento "no se lave las manos" e intervenga para que los pequeños contratistas puedan cobrar el trabajo realizado, mientras que IU hace un llamamiento sobre lo "extraño" que resulta que este tipo de empresas que cuentan con determinado apoyo político se propaguen con tanta rapidez. El Ayuntamiento de Almería guarda silencia mientras las redes sociales de internet como Faceboock replican la información adelantada por teleprensa.es y que medios de Almería, como La Voz, ACL y otros han incluido en su edición de hoy miércoles, diez de junio.
Por lo pronto, el Grupo Municipal Socialista se marca como prioridad absoluta que el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP), y el concejal de Urbanismo, Juan Megino (GIAL), no se "laven las manos con los pequeños subcontratistas" a los que Begar no ha pagado por la promoción que lleva a cabo la empresa pública municipal Almería XXI con el nombre de Residencial Alhadra; con deudas que llegan a superar los 800.000 euros. Los socialistas no se plantean de momento investigar la relación de Begar u otras empresas en el caso Gürtel, aunque no descartan hacerlo una vez resuelto el problema de los empresarios.

Juan Carlos Pérez Navas, concejal del Grupo Municipal, asegura que en la reunión mantenida, tras el último pleno del Consistorio, por el regidor y Megino con los subcontratistas "les dijeron que no podían hacer nada, porque ya habían pagado a Begar". Sin embargo, Pérez Navas considera que aún deben quedar garantías u otros fondos, especialmente gracias a esta obra parada de Begar, como para garantizarles el pago de, al menos, parte de lo que se les debe. El edil sugiere que, como en casos anteriores, los técnicos de Almería XXI se "pongan al frente y terminen la edificación con los subcontratistas" como hizo con las promociones que la constructora Jale dejó sin concluir.

Los socialistas pudieron atender a los empresarios una vez concluyeron su encuentro con el primer edil. En el mismo salón de plenos les aconsejaron que intentasen reunirse de nuevo con el equipo de Gobierno (PP-GIAL). Si no logran esto, el PSOE los emplaza en la sede del Grupo para la próxima semana, para asesorarles en todo lo que haga falta para que "no se vengan abajo".

El concejal pide también que de cara a próximas adjudicaciones, "cuando vengan de fuera con bajas económicas importantes, respecto a las empresas de Almería, se mire con lupa y se pidan más garantías, porque al final siempre se subcontrata". Pérez Navas mantiene que, cuando Begar se presentó al concurso en 2007, siendo María Muñiz (PP) consejera delegada de Almería XXI, siendo finalmente la adjudicataria de la promoción, "no conocíamos esta información; a nosotros se nos dijo que se presentaba con todas las garantías. Más adelante ya veremos si se pidieron garantías o balances, pero será posterior porque hay gente al límite, que no soporta un mes más".

Reacciones en IU
Diego Cervantes, concejal por IU en el Ayuntamiento de Almería, tras conocerse que el Ayuntamiento de Almería concesionó a empresas implicadas en el caso Gürtel, caso de Begar Construcciones y Contratas, considera "extraño que se propaguen de forma tan rápida" por toda España empresas como la encargada de la promoción que lleva a cabo la empresa pública municipal Almería XXI con el nombre de Residencial Alhadra. Cervantes asegura que no tiene pruebas para relacionar a Begar con el caso Gürtel, pero sí sugiere que pueda haberla con los gastos electorales de "los dos partidos mayoritarios".

Cervantes insiste, "en cuanto a la acción concreta de Almería XXI, no tengo datos de que esté implicada en el caso Gürtel", aunque recuerda que la adjudicación se hizo por "un informe técnico donde la valoran por encima. Lo que en general sí puede decir, sin referirme sólo a Almería XXI, es que extraña ver por estos lares empresas con sede en Valladolid, que por cierto, es sintomático que sea la provincia de José María Aznar". Más raro si cabe "ocurriendo lo que ha ocurrido para el Ayuntamiento y para EPSA – la empresa pública del suelo adjudicó a Begar otras obras con similar resultado –".

Para el concejal, la "forma en la que aparecen y se extienden por todos sitios, para luego dejar deudas" tendría su "explicación en los gastos electorales de estos dos partidos – PP y PSOE -; lo seguro es que el dinero no sale de los militantes".

El edil espera que se resuelva el pago a los subcontratistas que aún no han cobrado, aunque "parece que otra empresa asumirá las deudas". Para evitar caer en situaciones similares, Cervantes pide a Almería XXI que en adelante "no se fijen tanto en el precio, sino también en la solvencia de la empresa; esto ha pasado ya dos veces; recordando el caso de la constructora Jale.


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2009-06-09

El alcalde de Almería adjudicó obras a empresas del caso Gürtel


TELEPRENSA.- El Ayuntamiento de Almería también tendrá que responder ante los ciudadanos sobre las concesiones a empresas que figuran en el caso Gürtel, como la constructora de José Luis Ulibarri, Begar Construcciones y Contratas, encargada de ejecutar la promoción que lleva a cabo la empresa pública municipal Almería XXI con el nombre de Residencial Alhadra y que consiste en 54 viviendas que debían entregarse a sus adjudicatarios en diciembre de este año. La empresa de Ulibarri, imputado en la trama de corrupción ligada al PP de Madrid y Valencia, ha anunciado un ERE que afecta a 860 de sus trabajadores ya que los bancos se niegan a refinanciar su abultada deuda, que se cifra en casi 400 millones de euros. Esta situación afecta muy directamente a un grupo de empresas almerienses que trabajan como subcontratistas en la promoción del Ayuntamiento de Almería que dirige el popular Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ya que no cobran sus facturas desde hace meses y tienen pocas esperanzas de regularizar esta situación debido a que en abril el RAI advierte que Ulibarri tiene 21 millones de euros de impagados correspondientes a 1.805 pagarés devueltos.

Los empresarios afectados se presentaron ayer en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería y mantuvieron un encuentro con el concejal de Urbanismo, Juan Megino, ex del PP que ahora dirige su propia formación política (GIAL) y que mediante un pacto refrendado por el propio Javier Arenas mantiene a Comendador en la alcaldía de Almería. Piden que se les pague a ellos directamente y no a la empresa vinculada con el caso Gütel, pero el consistorio capitalino parece inclinarse por ceder la obra a otra de las empresas que concursaron en su día.

El concurso en sí también será objeto de revisión, ya que se adjudicó una obra a una empresa que ya en 2007, fecha de adjudicación, presentaba un enorme déficit en sus cuentas. Pero el balance de cuentas debió pesar poco para la empresa pública almeriense que al final optó por la firma de Ulibarri frente a otras constructoras almerienses que también participaron en la puja.

El empresario vinculado con la trama de corrupción del PP ha crecido al amparo de concesiones realizadas en su inmensa mayoría por ayuntamientos y gobiernos de este partido. Uno de ellos, el de la ya tristemente conocida Boadilla del Monte, cuyo alcalde quedará en libertad siempre y cuando pague los 1,8 millones de euros que se le piden de fianza. Presuntamente, Ulibarri fue uno de los empresarios beneficiados por las adjudicaciones en las que intervino Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama. El caso que investiga la justicia es el presunto pago de 3 millones de euros por parte de la empresa UFC, perteneciente a Ulibarri, por la concesión de una parcela en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP).

Las actividades de este empresario beneficiado por el Ayuntamiento de Almería con una promoción que ya no se cree que pueda terminar, también se relacionan con otro de los sectores objetivo de los dirigentes del Partido Popular, las televisiones locales. Así el constructor José Luis Ulibarri, gestiona más de una decena de concesiones de TDT que recibió del Consell valenciano, segunda comunidad en la que se centra el Caso Gürtel.

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