Arde Valencia: fuego cruzado entre las Fiscalías, los jueces y el PP

LAEDICION.NET.-Las horas posteriores al encuentro entre Rajoy y Camps han estado marcadas por la actualidad judicial. Con críticas, sospechas y peticiones para todos los gustos. No sólo el PPCV ha mostrado su estupor ante una nueva decisión de la Fiscalía valenciana, hay malestar generalizado en círculos judiciales por el archivo "supersónico" de la denuncia interpuesta por Ricardo Costa contra el informe policial que "analizaba" una presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana. Según fuentes acreditadas "la Fiscalía ni siquiera ha leído los argumentos del PP y es por ello por lo que han tomado una decisión en tiempo récord sin precedentes en el derecho procesal". En el ámbito de la Justicia se ha criticado abiertamente las "formas" de la Fiscalía valenciana al pronunciarse de manera "casi automática" y "no guardar las apariencias habiendo esperando un tiempo prudente".

Llueve sobre mojado en un terreno, el de la fiscalía, muy desacreditado en la Comunidad Valenciana, en parte, por decisiones adoptadas desde la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Su responsable, Felipe Briones, ha abierto estos años sistemáticamente un sinfín de causas contra importantes dirigentes del PP (Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo, Pedro Hernández Mateo…) que nunca han prosperado más allá de los archivos aunque ha conseguido siempre importante eco mediático en periodos electorales. A Briones se le conoce en círculos políticos, mediáticos e incluso judiciales como "el Fiscal AntiPP". Y sus compañeros, eso sí en privado, ponen muy en tela de juicio su capacidad de trabajo. Si a esto le sumamos que el Fiscal Jefe del TSJCV, Ricard Cabedo, es marido de Juana Serna, diputada nacional del PSOE, pues trazamos la línea que cierra el círculo.

Con la justicia valenciana revuelta a costa de la Fiscalía conocemos ahora que el Ministerio Público –pero esta vez el del Tribunal Supremo- recurre el archivo de la causa de los trajes porque considera "excesiva" la premura del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en adoptar una decisión cuando, según los chicos de Cándido Conde-Pumpido, "la investigación está abierta". El recurso del fiscal del Supremo pretende incluso aleccionar al TSJCV afirmando que los jueces "realizaron una interpretación errónea del tipo penal del cohecho". Unas afirmaciones rubricadas por Juan Ignacio Campos que enmienda la plana a la sala presidida por Juan Luis de la Rúa.

Y mientras todo esto ocurre, y para poner la guinda al pastel, entra en escena un últimamente desaparecido Jorge Alarte, secretario general que lo es del PSPV, para animar el cotarro y pedirle directamente –¡que para algo lo ha puesto su partido!- al fiscal general del Estado, que actúe de manera inmediata y "adopte iniciativas procesales" para empapelar al PP por todo lo que se puede desprender de los informes policiales. Alarte, que avisa, dice "si la Fiscalía no actuara, nosotros no vamos a tener ninguna duda en actuar". El problema para Jorge Alarte es que cada vez que hace un anuncio tan contundente alguien de su propio partido se empeña en desmentirlo con los hechos que es mucho peor que con las palabras.