Primeros datos de la trama urbanística de la Operación Poniente

Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de El Ejido y una empresa participada por el alcalde y su esposa

Laedicion.net.-Redacción.-Tal como avanzó, Laedicion.net.- la Operación Poniente no tiene sólo una vertiente financiera, cuyo eje sería la empresa mixta Elsur y las subcontratas creadas para sacar de ésta el dinero que le daba el Ayuntamiento de El Ejido, sino que también existe una vertiente urbanística.
Estas operaciones de carácter urbanístico están siendo investigadas también, y como detalle significativo cabe recordar que la última concejal que abandonó las dependencias municipales ejidenses el lunes fue la responsable de Urbanismo, Adela Cantón, también del Partido de Almería.
El gran golpe urbanístico estaría fundamentado en el desarrollo de las Salinas de San Miguel, una vasta extensión de terreno en primera línea de playa que, pasaron de ser terreno agrícola a urbanizable, lo cual recibió el visto bueno de la Junta de Andalucía.
Pero ha habido otras “pequeñas” operaciones de enriquecimiento sorprendentemente elevado en muy poco tiempo, lo que hace sospechar de la utilización de información privilegiada.
Así, uno de los ejemplos sería la compra parte de Juan Enciso y su mujer, Francisca Aguilera, el 27 de noviembre de 2003 de un terreno rústico de 900 metros cuadrados en el la Cañada de Ugíjar por 14.850 euros, y lo hicieron mediante la Sociedad Limitada denominada “Enciso y Aguilera SL”. Un mes después, el 23 de diciembre de ese mismo año, por 48.682 euros, se lo vendieron a la sociedad mercantil Gestora Ejidense, en la que junto a ellos dos aparecen otros cuatro detenidos.
Se da la circunstancia de que en ese terreno no se iba a edificar nada, ya que el objetivo era convertirlo en un parque público. Para eso, tendría que ser expropiado por el Ayuntamiento, y la edificabilidad computable a este solar, se trasladaría a otras zonas del municipio, lo que incluso políticamente le había dado réditos electorales a Enciso. En aquel momento, se generó una polémica sobre si el alcalde se había ausentado o no de la sesión plenaria, y posteriormente criticó a la oposición por "querer privar" a los ciudadanos de un parque.
La esposa del alcalde, que está en libertad con cargos y a la que le ha sido retirado el pasaporte, Francisca Aguilera, estaba en 2007 como administradora mancomunada de la empresa Ensap Plaza SL, en la que figura el constructor de la Plaza Mayor, que es una obra municipal adjudicada por el Ayuntamiento.
Estas conexiones derivan también hacia otros de los imputados y las más de cincuenta empresas a las que se ha investigado, y que justificarían algunos de los presuntos delitos que se les imputan, como el blanqueo de dinero o el tráfico de influencias, si bien es bastante más complejo de investigar. La complejidad reside en que las relaciones entre los implicados en los temas urbanísticos son más abiertas y no siguen procedimiento tan fijo como sí ha ocurrido con el caso Elsur que motiva originariamente la Operación Poniente.