El líder del PP enviará hoy a los grupos un documento con 50 medidas que incluye la implantación municipal de códigos de buen gobierno y la limitación de las mocionesLAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-"Es injusto que se tienda un manto de descrédito sobre toda la clase política, es injusto y yo lo voy a combatir". La incesante proliferación de casos de corrupción en la escena política es una preocupación creciente entre la ciudadanía que comienza también a extenderse entre la clase política, alarmada por el progresivo deterioro que sufre su imagen y por la desafección social que genera su actividad. Todos los partidos coinciden en ello sin excepción, pues todos se han visto salpicados, en mayor o menor grado, por alguna de las 730 investigaciones en curso contra cargos públicos de todo signo.
Tras el adelanto de algunas medidas contra la corrupción en la jornada previa, el líder del PP, Mariano Rajoy, terminó ayer de concretar las bases que configurarán su oferta por la transparencia que hará llegar hoy al resto de grupos. El PP pretende ser el precursor de un futuro Pacto de Estado.
Rajoy empleó la clausura de la XV Interparlamentaria del PP en Sevilla para anunciar las medidas más rutilantes que los suyos le habían reservado para el cierre de la cita: el endurecimiento de las penas por corrupción con una reforma del Código Penal que amplíe los plazos de prescripción de esos delitos -el pasado día 13 el Consejo de Ministros dio luz verde a una propuesta de reforma para endurecer esas mismas penas-; la implantación de códigos de buen gobierno en todas las administraciones y, quizá, la idea más llamativa por su concisión, resulto ser la propuesta de limitar la presentación de mociones de censura en el primer y en el último año si no van avaladas por dos tercios de la corporación local. Un nuevo guiño para el aislamiento de los tránsfugas.
A las nuevas medidas se añaden otras no menos significativas: en aras de la transparencia, "la configuración de un ayuntamiento en red que publique las actas"; en aras de la austeridad, "que se escojan las ofertas más económicas"; y en aras de la ética, "impedir que los concejales y ex altos cargos de las empresas públicas puedan contratar con ellas hasta pasados dos años de su cese, evitar el fraccionamiento de los contratos para que no se sortee la ley y establecer como obligatoria una comisión de vigilancia de la contratación en cada ayuntamiento, presidida por un concejal de la oposición".
Para lavar la cara de una profesión "muy notable", Rajoy no sólo tiró de soluciones sino que buceó también en la estadística: "Si hay 66.000 concejales y existen 730 investigaciones, el número de cargos públicos sometidos a pesquisas no llega al 0,7%". Un dato que viene a cambiar la negra percepción generada por los últimos escándalos destapados, entre ellos el caso Gürtel. "Queremos hablar, no tenemos nada que ocultar", enfatizó.
La XV Interparlamentaria reunió a más de 350 cargos públicos del PP, un canto al municipalismo. Junto con los barones regionales, los alcaldes son la gran baza de un partido en la oposición. Por esa razón, Rajoy se alineó con las haciendas locales al poner énfasis en las dificultades financieras de estas a causa de los pobres ingresos. "A la vuelta de las Navidades, la primera pregunta que haré al Gobierno será en qué grado de redacción está el proyecto de las administraciones locales", después de que una moción obligara esta semana al Gobierno a tener listo el nuevo modelo de financiación local en 2010.
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