martes, 1 de diciembre de 2009

Los vehículos oficiales, sin malos humos

Los lugares públicos deberán tener, por obligación, una temperatura entre los 21 y los 26 grados.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-D.M.-La estrategia de economía sostenible, para la que se elaborará la ley, prevé las reformas estructurales que el Gobierno viene anunciando desde hace varias semanas. Dichas reformas afectarán a la Justicia, el mercado laboral, la directiva de servicios, la educación y la energía, principalmente.
El desarrollo de todos estos cambios, prevé el Ejecutivo, llevará al menos 10 años, por lo que será necesario alcanzar el máximo consenso posible, para que gobierne quien gobierne se siga aplicando. Como dijo Elena Salgado ayer, es "una propuesta de país para el año 2020".
Los ejes del cambio se basan en tres pilares: la mejora del entorno económico; fomento de la competitividad y, por último, sostenibilidad medioambiental.
Organismos reguladores
1. Una de las primeras reformas que incorporará la futura ley es la reforma pendiente desde hace prácticamente un año y medio de los organismos reguladores. Así, se verán afectadas: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional del Servicio Postal (CNSP) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). El objetivo será reforzar su independencia y mejorar su "gobernanza". Las comisiones estarán compuestas por cinco miembros cada una de ellas que tendrán un mandato no renovable. Presidentes y vocales serán sometidos a escrutinio parlamentario en el Congreso antes de tomar posesión de sus cargos. Las causas de cese estarán reguladas formalmente, para ganar en independencia y se elimina la posibilidad de que haya consejeros natos, ya que estarían vinculados a la Administración . Además, la nueva regulación introduce una variante procedimiental que agilizará los recursos puesto que desaparece el recurso de alzada ante el ministerio que tutela la actividad de la que se trate (generalmente el de Industria Turismo y Comercio).
Administraciones Públicas
2. Se establecerán medidas para reforzar la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, que estarán obligadas a presentar en seis meses un plan de austeridad y de calidad del gasto; un informe de las entidades locales sobre su situación de pagos a proveedores y su situación presupuestaria. Todas las Administraciones (comunidades y ayuntamientos) serán corresponsables en sanciones de la Unión Europea.
Contratación pública
3. Se prevé la simplificación de trámites administrativos para la celebración de contratos de I+D. Los contratos públicos que se modifiquen no podrán superar el 20 por ciento del precio del contrato y se aumentará el porcentaje de subcontratación que se puede exigir hasta el 50 por ciento. En cuanto a la colaboración público-privada, se autoriza el uso de este tipo de contrato para entidades públicas empresariales; habrá una regulación para empresas de economía mixta y el apoyo financiero del sector público, a través de avales. Salgado concretó que la cuantía máxima del sector privado en cada proyecto "se decidirá en cada caso por el Consejo de Ministros".
Creación de empresas
4. Por lo que respecta a la competitividad, el Gobierno prevé para la creación de empresas reducir los costes y plazos. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada de capital hasta 3.100 euros, el periodo para su constitución será de un día y tendrá un coste máximo de 100 euros. Este es el caso del 80 por ciento de las empresas que se crean. Y paras sociedades de capital entre 3.100 y 30.000 euros, está previsto que tarden en constituirse cinco días con un coste máximo de 250 euros. Además la creación de empresas no estará sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y se incluye la reducción de cargas al poder hacer la constitución de forma telemática, eximiendo el pago de tasas por publicación y limitando los costes por aranceles de notario y registrador.
Simplificación
5. Esta prevista la reducción de un 30 por ciento de las cargas administrativas en 2012. Se eliminará la publicidad de los acuerdos societarios en periódicos; se suprimirán las licencias para las actividades sin riesgo de las licencias municipales, y el Catastro inmobiliario se unificará la información gráfica del catastro y los registros, además de facilitar el acceso público a dicha información.
Sociedad de la Información
6. Incluida también en el eje de la competitividad, las actuaciones para la Sociedad de la Información prevén el acceso universal antes de 2011 a una velocidad mínima de 1 megabit (Mbit) por segundo. Las nuevas frecuencias (el refarming y el dividendo digital) permitirán el incremento de frecuencias para nuevos servicios de banca ancha en móvil. Dichas frecuencias, concretó Salgado, procederán de las que dejen libre el "apagón digital". Además, todos los nuevos edificios dispondrán de los elementos necesarios que permitan el acceso a las redes de telecomunicaciones ultrarrápidas.
Ciencia, innovación e industria
7. Este apartado que se incluye en la economía del conocimiento parte de las mejoras fiscales en I+D+i. Y sus medidas tendrán dos vértices. Por un lado, todo lo relacionado con las patentes, en el sentido de facilitar la explotación comercial de patentes de los organismos públicos y una reducción del coste de tramitación de las patentes, con una reducción también de las tasas en un 18 por ciento en tres años. Y, por otro lado, la colaboración con el sector productivo. El Gobierno quiere impulsar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica por Universidades y Organismos Públicos e Investigación.
Reducción de la morosidad
8. Otro aspecto que en las últimas semanas ha sido pedido, sobre todo, por los trabajadores autónomos. El Gobierno, consciente de los problemas que han tenido sobre todo las pymes para cobrar de las administraciones fija una reducción del plazo de pago de la Administración de 60 a 30 días. Además, se creará un sistema de control de los pagos de las entidades locales. Y en el caso del sector privado, se fijará la obligación de pago de empresas a pymes y autónomos en máximo de 60 días.
Internacionalización
9. Se trata de uno de los aspectos sobre los que se ha estado trabajando en las últimas décadas, aunque ahora se pretende ampliar el concepto de internacionalización a la exportación directa de bienes y servicios, también al impulso de marcas o transferencia de tecnología. Además se ampliará el seguro de crédito a la exportación para incluir garantías y se creará un mecanismo de evaluación y control del sistema de apoyo financiero a la internacionalización.
Formación Profesional
10. Se actualizará el catálogo nacional de cualificaciones y de los módulos formativos. Se fomentará la participación de los agentes sociales; habrá una mayor colaboración con las empresas privadas y para compartir equipos e instalaciones de tecnología de última generación. Asimismo, está previsto el fomento de la movilidad entre la formación profesional, el bachillerato y la enseñanza universitaria y, por último, se establecerá una plataforma de educación a distancia para todo el Estado. Además de ampliar la capacidad de los centros a adaptarse a su entorno y ofrecer una formación más apta para las necesidades de las empresas cercanas.
Medioambiente sostenible
11. El último de los ejes se dirige a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; actuaciones para el transporte y la movilidad sostenible (se revisará el Plan Estatal de Infraestructuras y se abrirá la competencia a nuevos operadores interurbanos); movilidad sostenible (vehículo eléctrico e incentivos fiscales al uso del transporte público). En cuanto al ahorro y eficiencia energética, habrá una planificación integral, los 40 años de vida útil de las centrales nucleares; el fomento del I+D+i (energías renovables y coche eléctrico) y la reducción del 20 por ciento del consumo energético en 2020 para lo que se establece que en los que en los lugares públicos (cines, instituciones, aeropuertos...) en invierno la temperatura sea cómo máximo de 21 grados y en verano de 26 grados. Para las Administraciones se adelanta a 2016.

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