Dependientes cuidan a dependientes

ayudas sociales
Las comunidades vigilarán si los familiares que cobran por prestar cuidados están preparados tras detectarse anomalías


LAEDICION.NET.-REDACCION.-En la actualidad hay 280.013 personas, 87.901 en Andalucía, que están recibiendo una paga mensual para cuidar a personas dependientes. Se les conoce como cuidadores no profesionales. Pero la Seguridad Social tiene dado de alta por este concepto a menos de la mitad, unos 101.190. De ellos, 41.571 en la comunidad andaluza. ¿Quiénes faltan?

En su mayoría, son pensionistas y personas que ya cotizan al tener un empleo. El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer controlar si los cuidadores cumplen los requisitos necesarios para prestar atención a estas personas en situación de dependencia.

Esta vigilancia fue uno de los puntos acordados en el Consejo Territorial de Dependencia celebrado ayer en Madrid, en el que las comunidades se comprometieron a supervisar quiénes están recibiendo esas ayudas económicas que nacieron como una excepción en la ley y se han convertido en la opción preferida por la mayoría de las familias. Este control puede incidir en que disminuyan este tipo de ayudas, objetivo de administraciones como la andaluza.

Serán las propias comunidades quienes establezcan los criterios, seguidos por un patrón común que propondrá en sucesivas reuniones el Ministerio de Sanidad y Política Social. "Hasta ahora cualquiera podía ser cuidador y se han dado casos en que personas dependientes cuidaban a otros dependientes y eso no es lógico", expuso ayer a esta redacción Micaela Navarro, consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, a la salida de la reunión.

Pero estos requisitos no estarán cerrados por el Ministerio, a la espera de lo que decidan las autonomías. "No se puede poner un límite de edad, como propusieron algunas comunidades, porque hay personas con 70 ó 80 años que están bien y otros con 25 años que no lo están", señaló Navarro.

El sistema prioriza el cuidado en el entorno familiar y, tres años después de la aprobación de la ley, también en esta práctica se han detectado situaciones anómalas. Las comunidades se comprometieron a vigilar cada caso, por ejemplo, si una persona con empleo tiene horas suficientes para dedicarlas al dependiente o si una persona que no sea familiar directo pueda hacerse cargo de la persona en el caso de que no haya una residencia cercana.

Para ello, a propuesta de Castilla y León, las comunidades pidieron tener acceso a los datos de la Seguridad Social, con respeto a la protección de datos, "porque de lo contrario es muy difícil conocer qué situaciones se están dando", indicó Navarro.

La reunión, celebrada en un clima "distendido y de consenso" según la consejera, permitió abordar otros puntos de interés para la comunidad andaluza, la que más prestaciones concede con más de 180.000 beneficiarios.

Uno de los caballos de batalla de la Junta es que se aumente el porcentaje de dinero que el Gobierno destina a las comunidades en función de la población atendida en una de las vías de financiación, el reparto acordado, es decir, el presupuesto que cada año se distribuye a las comunidades en función de una serie de variables. La otra vía destina un dinero por cada dependiente atendido.

En el nivel acordado, la Junta insiste en que la población atendida sea el valor "predominante" por encima de la población, el número de personas mayores o la dispersión geográfica, entre otros. El año pasado consiguió 13 millones adicionales al aumentar este valor y fijarse en un 20%, lejos no obstante de la aspiración. La ministra Trinidad Jiménez propuso en los ruegos y preguntas que se establezcan criterios más duraderos para el reparto acordado, pero no se refirió a la propuesta andaluza.

Deja tu comentario,tu opinión puede ser importante para los demás lectores.Gracias