La "trampa" del juez tras el que se esconde Sinde para cerrar webs

OPERACIÓN DE MAQUILLAJE

LAEDICION.NET.-REDACCION.-Lejos de cautivar o apaciguar a los más molestos con su sospechosa disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (la que permite cerrar webs por obra y milagro de los derechos de autor), la ministra de Cultura no ha hecho sino enervar a la comunidad de internautas, los más guerreros desde que se conocieran sus intenciones.

Ángeles González Sinde "reculó" (tras varias rectificaciones por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, entre otros) este viernes, asegurando que sería un juez quien decidiera los cierres en Internet. Con "crokis" incluido de cómo se llevarán a cabo los cortes, la ministra pidió calma y tranquilidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Red está que arde -como ha destacado Este Digital- y no se han "tragado" para nada lo que ellos califican de operación de maquillaje de lo que será una policía cultural en toda regla.

Bajo el título La reforma inconstitucional se viste de seda pero inconstitucional se queda (tuvo que cambiar totalitaria por las quejas recibidas...), David Bravo argumenta en su blog que la "intervención judicial" de la que habla la ministra sólo es una tapadera que trata de esconder que la Comisión cultural encargada de decidir los cierres no ha perdido su papel.

El Gobierno en pleno se ha volcado en la figura de este juez que "ponderará" si las páginas infringen o no la propiedad intelectual para calmar los ánimos. De hecho, hay que destacar que será la Comisión del Ministerio de Cultura quien decida si hay o no infracción. A partir de aquí, y conforme a sus intereses, señala la web en cuestión y se dirige al juez, pero ya se habrá presupuesto que el delito existe. ¿Qué fue de la presunción de inocencia?

Vamos, que la Comisión sólo se dirige al juez para verificar si el contenido de la página afecta al derecho de la libertad de expresión o de información del dueño de la página; en ningún caso le cuestionará si el usuario realmente ha violado la propiedad intelectual. Eso por no hablar del peregrinaje administrativo al que se enfrentarían los propietarios de estas webs para defender su inocencia, difícilmente asumible para páginas pequeñas que no estén a la altura de Google.

En otras palabras: la web no se cierra con orden judicial, ya que en el ámbito de decisión del juez no se incluirá la facultad de acordar si se cierra o no por cometer infracciones de propiedad intelectual, sino que se limitará a dirimir si la web está ejerciendo ciertos derechos fundamentales que podrían verse afectados en el procedimiento.

Mientras tanto el desafío en la web hacia las intenciones de Sinde sigue corriendo como la espuma. Si hace unos días ya eran más de 200.000 personas las que apoyaban en Facebook el Manifiesto en contra de la polémica disposición, también sigue creciendo la Lista de Sinde, aquella en la que algunas webs se adhieren "retando" a que se les aplique la "censura" tras incorporar un buscador de archivos P2P (lo que persigue el Ministerio por vulnerar derechos de autor). En la actualidad ya son 558 los rebeldes que han tirado el guante a la ministra.

La Lista de Sinde recoge un listado de las páginas web que se han ido "autoinculpando" de "intercambiar cultura libremente" mediante la integración de un buscador de descargas.

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