Esta conversación sirvió para mantener al alcalde de El Ejido en prisión incondicional tras ampliar voluntariamente su declaración con la esperanza de salir en libertad antes de fin de 2009
LAEDICION.NET.-El levantamiento parcial del secreto del sumario de la Operación Poniente, decretado por la juez de Instrucción número 2 de Almería, Monserrat Peña, hace once meses, se centra principalmente en la transcripción de las llamadas telefónicas intervenidas desde el mes de abril de 2009, seis meses antes de que se produjera la detención de los 23 imputados en este caso de presunta corrupción generada entorno a la empresa mixta de servicios municipales Elsur.
El empresario Juan Antonio Galán y el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, fueron grabados mientras hablaban por teléfono supuestamente sobre la relación de la empresa mixta de servicios municipales, Elsur, y las empresas subcontratadas vinculadas al primero, que a su vez es socio del primer edil en una.
Esa es una de las muchas conversaciones que aparecen trascritas en los 16.000 folios que contienen los 20 tomos de sumario cuyo secreto ha sido levantado por la juez que instruye el sumario de la Operación Poniente, Monserrat Peña. Esta documentación está siendo pasada a formato PDF para que las partes se la puedan llevar en un cd o pen drive, lo cual no ocurrirá antes del fin de semana. Lo que once meses después de ser declarado el secreto de sumario todavía no podrán ver las defensas de los imputados son los informes policiales elaborados durante la investigación. Tampoco conocerán ni lo aportado por los de los peritos de Hacienda, ni a los escritos de acusación o de actuaciones de la Fiscalía, ni a las declaraciones de los imputados ante la magistrada.
La relevancia de esta conversación es muy elevada, ya que parece ser la que le pusieron a Enciso cuando acudió a hacer una ampliación de su declaración inicial ante Peña con la esperanza de ser puesto en libertad antes de fin de año de 2009. El hecho fue que la magistrada decidió mantenerle en prisión incondicional después de aquel 30 de diciembre ya que tampoco la Fiscalía vio motivos para modificar su situación procesal, y con posterioridad a ella fueron imputados los Hermanos Lirola, propietarios de una empresa que trabaja tanto para el Ayuntamiento de El Ejido como para Elsur, y que eludieron la prisión pagando una fianza de 50.000 euros.
La Operación Poniente, que comenzó a ser investigada en el año 2007, mantiene imputadas a 23 personas, pero de ellas sólo cuatro permanecen en prisión incondicional desde que se produjo la entrada la entrada física en el Ayuntamiento de El Ejido el 20 de octubre de 2009. En la cárcel de Albolote está el alcalde ejidense, mientras que pendientes de ser trasladados desde El Acebuche a penitenciarías del Levante permanecen el ex interventor municipal, José Alemán, el mencionado Galán y el también empresario José Amante.
Las acusaciones que en principio hay contra todos los imputados son la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental, lo cual se articulaba –siempre según la línea de trabajo de la instrucción sumarial- entorno a cinco núcleos familiares.
Galán, administrador de Jardines del Alcor, Jardines de Poniente y Lobelia Gestión, y socio de Enciso en al menos una empresa, tenía a estas trabajando como subcontratas para Elsur, está preso desde octubre de 2009. Su esposa e hija están en libertad con cargos.
José Amate, que fue máximo responsable de Elsur, es el apoderado de las subcontratas Arborimar y Maviroad, subcontratadas por la empresa mixta. Junto a él fueron detenidas su mujer y sus dos hijas, así como su hijo y sus dos yernos, quienes eran puestos en libertad en enero tras satisfacer fianzas de 50.000 euros.
José Alemán ejercía como interventor municipal, y fue detenido junto a su hermano y su esposa, la funcionaria municipal en El Ayuntamiento de El Ejido Isabel Carrasco, en libertad provisional tras satisfacer una fianza de 90.000 euros.
De la familia Enciso no sólo fue detenido el alcalde, también lo fueron su esposa, cuñado e hija, puesto en libertad posteriormente con cargos y prohibición expresa de salir del país.
Ambrosio Cuevas es otro empresario que fue puesto en libertad tras pagar una gruesa fianza.
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