Correa ingresó en cuentas de las Islas Caimán más de 6 millones de euros, que después envió a otros países

LAEDICION.NET.-El presunto cabecilla de la trama de corrupción conocida como 'Gürtel', Francisco Correa, ingresó en 2005 más de seis millones de euros en tres cuentas en las Islas Caimán, que después fue transfiriendo a diferentes bancos en Colombia, Panamá, Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y Mónaco.
Así se desprende de un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en respuesta a una petición de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre los antecedentes existentes sobre Francisco Correa y otras ocho personas y sociedades más.
Sobre el principal imputado, el documento, fechado el 21 de diciembre de 2009 y clasificado como 'reservado', revela que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Isla de Man informó que Correa había constituido en 2005 en las Islas Caimán el 'trust' (fideicomiso) 'Correo Sánchez en las Islas Caimán', en el que Chelmi Limited actuaba como 'trustee' (fideicomisario).
La Unidad de Inteligencia Financiera de Man facilitó concretamente información sobre los movimientos de entrada y salida desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 30 de abril de 2009 de las tres cuentas tituladas por Chelmi Ltd en el trust constituido por Correa.
En los movimientos de abono, figuran un total de diez ingresos, de los que dos se realizan en euros y el resto en dólares. El primero es del 31 de mayo de 2005, por un total de 494.412 dólares (unos 367.000 euros) y el último, el 3 de agosto de 2006, por un millón de euros. El de mayor cuantía es uno realizada el 12 de abril de 2005, con tres millones de euros.
Por lo que se refiere a los cargos, comenzaron el 7 de diciembre de 2005, con un envío de 53.300 dólares (unos 40.000 euros) a Citibank en Bogotá. A partir de ahí se realizan otras 14 transferencias a Credit Suisse, Bancolombia Panama, Bank United de Florida, Credit Foncier Monaco, Banco Davivienda de bogotá, Bank fund Staff Federal de Costa Rica y Citiban Federal Savings Bank. La mayor es una realizada el 30 de julio de 2007 a Monaco, beneficiando a Adama Holding Corporation, con cuatro millones de dólares (unos tres millones de euros).
El ex tesorero y senador del Partido Popular Luis Bárcenas percibió elevadas cantidades de dinero de la trama de corrupción Gürtel, según la policía, cuyo jefe de la unidad de blanqueo de capitales dio por sentado ante el juez que las siglas aparecidas en la caja B de las empresas de la red corresponden a las del ex responsable de las finanzas de la formación. Seguir leyendo el arículo
Así se desprende de extractos del sumario de la investigación que empezaron a conocerse el martes, una vez que los abogados del caso tuvieron acceso a los 67 tomos de la pieza principal del sumario.
El magistrado instructor de la vertiente madrileña del caso, Antonio Pedreira, preguntó al responsable policial de la unidad de blanqueo si podía afirmar que L.B. era una persona distinta a Bárcenas, a lo que el oficial respondió que "no podía pensar" que no se tratara del ex tesorero del PP dada la documentación disponible, según aparece en el tomo primero del sumario, al que tuvo acceso Reuters.
Los informes de la brigada policial de blanqueo y de la fiscalía anticorrupción también señalan que el senador, que está imputado en el Tribunal Supremo por cohecho y fraude fiscal, formaba parte del esquema de distribución de dinero B de las empresas de una trama que presuntamente pagaba a cargos públicos del PP para obtener favores empresariales.
Según el sumario, entre 2002, 2003 y 2007, Bárcenas habría percibido al menos un millón de euros de estas firmas. El sumario incluye también documentos que reflejan un aumento significativo de su patrimonio, que superaba los tres millones de euros en 2007.
El caso Gürtel, en el que se investiga a decenas de personas, ha salpicado a altos cargos del Partido Popular por haber obtenido supuestamente dinero y regalos a cambio de adjudicar durante más de una década cuantiosos contratos a la empresa dirigida por Francisco Correa, encarcelado como presunto cabecilla de la red.
Varios miembros del partido recibieron regalos de lujo como relojes o viajes, según extractos del sumario conocidos hoy.
INFLUENCIA EN LAS DECISIONES DEL PARTIDO
Según la declaración de otro policía, aunque Bárcenas no tomaba decisiones sobre adjudicaciones administrativas, su alto cargo - fue tesorero hasta hace nueve meses - le hacía tener influyente capacidad decisoria sobre determinadas personas dentro de la formación.
"Le hacía ser un punto de referencia y conocer a muchas personas que bien ocupaban o iban a ocupar responsabilidades en alguna Administración, y por tanto le hacía acreedor de esa capacidad de influencia sobre determinadas personas que sí tenían esa capacidad decisoria en procesos de adjudicación administrativa", dijo el policía en otro documento del sumario.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió prudencia y tiempo para analizar los documentos y aseguró que su formación, que no ha suspendido de militancia a Bárcenas, tomará medidas una vez haya "hechos acreditados", además de las "hipótesis" actuales.
"Los primeros interesados en sacar de nuestras filas a aquellos que, de manera acreditada y constatada, hayan podido utilizar el partido, sus siglas o el sistema político para enriquecerse somos nosotros", dijo Sáenz de Santamaría en el Congreso.
La trama llegó a operar en cuatro comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, Madrid y Valencia. En estas dos últimas, la documentación desclasificada revela que podría haber indicios de financiación ilegal en el PP.
No obstante, el PP valenciano emitió un comunicado en el que afirma que el levantamiento del sumario revela que no hubo tal financiación ilegal.
Entre los implicados en la vertiente madrileña del caso están los que fueran diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, y la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.
El juez Pedreira, en unos autos fechados el 30 de marzo y conocidos el lunes, impuso una serie de fianzas y embargo de los bienes a los principales responsables de la trama para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.
La que corresponde a Francisco Correa y a Pablo Crespo, supuesto número dos de la trama, se eleva a 85 millones de euros en total.
La trama Gürtel ha tenido varias líneas de investigación judicial: en la Audiencia Nacional en sus inicios; en el Tribunal Supremo, por la condición de aforados del senador Bárcenas y del diputado Jesús Merino; en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); y en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que investigó y posteriormente sobreseyó la causa por presunto cohecho contra el presidente valenciano Francisco Camps.
A finales del mes pasado, el TSJM anuló todas las conversaciones grabadas en la cárcel entre los dos supuestos cabecillas del caso Gürtel y sus abogados, que fueron autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al interpretar que dichas escuchas suponían una infracción del derecho fundamental al secreto de las mismas.
La trama de Francisco Correa, conocida como 'caso Gürtel', se llevaba entre el 21 y el 26 por ciento de los presupuestos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte destinadas a adjudicaciones de contratos públicos, según desvela el sumario del caso.
Según un estudio realizado por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en 2003 y tan sólo con referencia a tres contratos, el entramado Gürtel fue capaz de distraer 288.485 euros de los contratos de la reforma de la calle José Antonio, de la eliminación de barreras arquitectónicas y de la glorieta de la calle Bárbara de Braganza.
Proporcionalmente, esta cantidad supone que el dinero que los implicados en la trama desviaban de su destino original supone "entre el 21,5 y el 26,49 por ciento" del presupuesto de los contratos.
Estos proyectos fueron adjudicados a dedo a las empresas EOC Obras y Servicios S.A. (los dos primeros) y Constructora Hispánica S.A. (el último), ambas relacionadas con Correa. Así, las investigaciones apuntan a que la EMVS sacaba los contratos y, en un plazo de una semana, los adjudicaba, sin incluir en las actas de las reuniones de adjudicación dichos proyectos.
Así, aunque el de barreras arquitectónicas fue adjudicado por 261.289 euros a EOC, finalmente la empresa emitió tres facturas que ascendían a 385.928 euros. El mismo proceso se siguió con las otras dos adjudicaciones, lo que finalmente resultó en el desvío de casi 288.500 euros.
El dinero se repartía en dos fases. Así, Correa recibió 132.000 euros, que fueron a parar a la Caja B de su entramado como demuestra la doble contabilidad hallada, mientras que el gerente de la EMVS, César Tomás Martín, recibió 108.172 euros, lo que demuestra su "papel fundamental en las adjudicaciones y en el posterior reparto de las comisiones, ya que se lleva la cantidad mayor", alcanzando el 37,5 por ciento del total.
Además, el consejero de la EMVS José Galeote recibió 6.000 euros, mientras que el presidente y consejero de la EMVS Arturo González Panero recibió el doble (12.000 euros). Los 30.050 euros restantes se adjudicaron al concepto 'campaña', algo que la Policía interpreta como "gastos generados por alguna de las empresas de Correa con origen en la campaña electoral (municipal) que se estaba llevando a cabo en esos momentos, y cuyo beneficiario sería el PP de Boadilla".
Todas estas transacciones quedan aún más relacionadas con el caso Gürtel a raíz de la vinculación de EOC y de Constructora Hispánica, que coincidieron en tener en diferentes momentos al mismo administrador, Alfonso García Pozuelo Asins, "una de las personas que entrega y recibe las distintas comisiones de dinero de la organización criminal", según las indagaciones policiales.
El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo recibió de la trama Gürtel cuando estaba al frente de la Concejalía de Servicios de Limpieza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid un total de 382.000 euros, según se desprende de uno de los informes policiales de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
"El conjunto de las cantidades totales que se infiere ha recibido (López Viejo) asciende a 286.000 euros (bajo el nombre 'A.L.V. Alberto López Viejo.xls) y a 96.000 euros ('Contabilidad B Pozuelo' 56.000+26.000+8.000+6.000), lo que suma un total de 382.000 euros", destaca el informe.
La relación entre el cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, y López Viejo, ahora diputado no adscrito en la Asamblea de Madrid, queda reflejada en dicho informe con cosas como que el ex consejero dispone de un archivo personal con apuntes contables dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B de Serrano 40.
Dicha contabilidad recoge las entradas y salidas de fondos con origen o destino de la caja B del grupo. En este punto, destaca que entre noviembre de 2004 y febrero de 2007 se producen salidas de fondo cuyo destinatario es López Viejo por un importe de 286.000 euros (primera parte del montante de los 382.000 euros).
Estas salidas de dinero figuran como entregas directas de Pablo Crespo --número dos de la trama-- o Francisco Correa o bien como entregas reseñadas como de la Caja B, de donde salen entregas de dinero que alcanzan los 156.000 euros restantes que recibió López Viejo distribuidos en cinco partidas.
Éstas figuran con fechas de septiembre de 2004; febrero, agosto y octubre de 2006 y febrero de 2007, por importes de 6.000, 50.000, 25.000 y 50.000 euros respectivamente, así como una entrada de 'Isabel' para López Viejo con fecha del mismo mes de 2007 por importe de 50.000 euros, que procedería de la Caja B de Easy Concept Comunicación.
En el mismo informe se recoge que Francisco Correa ha reconocido que López Viejo les "obligaba" a facturar por debajo de los 2 millones de pesetas (12.000 euros) fraccionando la facturación para evitar sacar los eventos a concurso. El sesgo en los procesos de contratación administrativa se produjo en la fase previa de la contratación, en concreto, en el proceso de selección.
En dicho proceso, o se producía el fraccionamiento para considerarlos contratos menores y no precisar la publicación de anuncios de licitación; o se concentraban las adjudicaciones en una empresa determinada, con lo que se convierte en una situación de mercado de carácter monolístico, con una empresa que resulta beneficiaria de los contratos públicos con mayor preponderancia que otras del sector.
ENTREGAS DE DÁDIVAS
Esta forma de actuar precisan, según el informe, de "una evidencia para su acreditación como la entrega de una dádiva", que en este caso se concreta con entrega de dinero en efectivo, que provocaba a su vez una desviación del fin del contrato, y por lo tanto, se podría estar hablando de una "responsabilidad en el orden penal".
En este caso, existen entregas de dinero a una persona, recoge el informe, que ostenta un cargo público, "como es el del viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid", con capacidad para decidir en materia de contratos, en un momento temporal donde empresas como Easy Concept o Good &Better --del entramado empresarial-- eran adjudicatarias de dichos contratos.
Por otro lado, la administradora de algunas de las empresas implicadas Isabel Jordán reconoció, en sus declaraciones dentro de los procedimientos judiciales, que Pablo Crespo entregaba dinero a Alberto López Viejo y que, incluso, ella en una ocasión, le dio por indicación de Crespo un sobre con dinero "si bien desconocía la cantidad".
Asimismo, otro de los contables de la red José Luis Izquierdo reconoció que llevaba un archivo personal a nombre de López Viejo donde anotaba los apuntes relacionados con él y enlazada con el archivo general de la caja B, en cuyos archivos generales se recogen las entregas de dinero que aparecen detalladas en la cuenta personal del diputado autonómico.
Además, en noviembre de 2004 figura una cantidad pendiente de pago de 240.000 euros y a continuación una serie de apuntes correspondientes a cantidades entregadas a ésta persona para cancelar esa deuda.
El responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, recibió el 6 de febrero de 2009 --el día en el que se produjo el registro a esa firma a instancias del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón-- una decena de llamadas telefónicas y mensajes, entre ellos las del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y el ex vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, según recoge el sumario del 'caso Gürtel' cuyo contenido se conoció parcialmente hoy.
Así, según consta en el sumario, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, llamó a las 16.11 horas a Pérez para decirle que estuviera "tranquilo" puesto que como sabía que todo lo había hecho bien no tenía que preocuparse de nada. Agregó que debería aguantar "unos días de lío" pero que estuviera "tranquilo".
Igualmente, según la conversación recogida, Rambla le asegura que "si un amigo o socio suyo tiene algún problema pues ya se resolverá pero que esté tranquilo". Finalmente, le dice que "de esta historia lo único que le preocupa es que personalmente esté bien y tranquilo".
Anteriormente, Álvaro Pérez recibió la llamada del ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, a quien le dijo que "siempre era el primero en llamarle" y que era "un campeón". El responsable de Orange Market le explica que no tiene "ni puta idea" de lo que pasa pero que se imagina que viene "de lo de la guerra de Madrid".
Igualmente, Pérez recalca que no tiene "ningún problema ni nada que ocultar" aunque admite que le han dado "el disgusto más grande" de su vida.
También se puso en contacto con Pérez el entonces director de Radio Televisión Valenciana Pedro García, quien le traslada "que el hecho de que haya sido Garzón el que haya actuado tiene un trasfondo político del carajo". Del mismo modo, se muestra convencido de que "es todo de Madrid, del PP" cuando Pérez le pregunta si sabe de dónde viene la investigación.
En esta conversación, Pedro García informa a Pérez de que agentes judiciales también han acudido a la instalaciones de la Conselleria de Turismo a pedir información sobre el stand de la Generalitat en la feria internacional del Turismo Fitur.
"LIMPIO POLVO Y PAJA"
Por su parte, el responsable de Orange Market le asegura que en la oficina "no hay nada de nada, absolutamente limpio de polvo y paja". En este punto, el ex director de RTVV le tranquiliza y se ofrece a trasladarle la situación al entonces secretario general del PPCV Ricardo Costa. "Diles por favor que estén tranquilos, que lo entiendo, pero que estén tranquilos", le solicita Pérez.
Finalmente, a las 20.34 horas, el sumario recoge un mensaje sms atribuido a la 'familia Cotino' (del también vicepresidente del Consell Juan Cotino) en el que se dice: "Estamos un poco alarmados. Esperamos que quede en nada. Contad con la familia Cotino para lo que sea. Un besazo".
El registro de Orange Market y las primeras informaciones sobre la supuesta trama de corrupción del 'caso Gürtel' se produjeron justo un día antes del bautizo de la hija de Álvaro Pérez, a la que estaban invitados altos cargos del Consell y del PPCV, a los que él mismo pide que no acudan, tal y como reflejan también algunas de las conversaciones.
Al día siguiente, el 7 de febrero, Álvaro Pérez expresa su preocupación a Ricardo Costa por las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación y que, según confiesa, intenta no ver. A esto, Costa le responde que intente descasar y añade: "mañana nos deberíamos ver un ratito, porque yo el lunes me voy a poner ante las cámaras".
En la declaración que hizo el contable de la trama José Luis Izquierdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el fiscal señala que en la sede de Serrano "fueron intervenidas diversas armas" y le pregunta que para que las tenían.
Izquierdo expresa su sorpresa y entonces el Ministerio Público insiste en que "había dos pistolas" en Serrano. "Yo eso lo ignoro totalmente", añade, para añadir que desconocía que allí hubiera armas.
El Ministerio Fiscal también preguntó sobre este asunto a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, en su declaración ante el juez Antonio Pedreira. "¿Usted tenía en su domicilio y había también en Serrano unas armas, unas pistolas?".
El ex secretario de Organización del PP gallego confiesa que eran todas de "fogueo". "¿Por qué las tenía?", le interpeló el fiscal. "Pues porque me gustan", respondió Crespo, que confiesa en su declaración que tiene una "gran amistad" con Correa y que está "muy unido a él a nivel personal".
LICENCIA DE ARMAS
En el sumario de Gürtel consta un documento que la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el registro en el que fueron intervenidas las distintas armas y municiones, en el domicilio personal de Pablo Crespo.
También se envió al tribunal un informe sobre la tenencia de licencia para escopeta CYA 1224 por parte de Pablo Crespo, quien tiene licencia de armas tipo E (que obtuvo en Pontevedra en 2006 valedera por cinco años); y licencia de armas tipo D expedida en Pontevedra.
La parte del sumario del "caso Gürtel" instruida por el magistrado Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma los indicios contra el senador del PP Luis Bárcenas y contra otros cargos de este partido por su vinculación con la trama dirigida por Francisco Correa.
Los documentos que obran en la causa apuntan también a la participación de miembros del PP -entre ellos el propio Bárcenas- en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales, hablan de "financiación irregular" de actos del partido en la Comunidad Valenciana y revelan la entrega de costosos regalos a políticos de la formación en esa región por parte de la trama.
Así se desprende de las distintas resoluciones dictadas por Pedreira y de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que figuran en la parte del causa sobre la que hoy se ha levantado el secreto, a la que ha tenido acceso Efe.
Uno de los miembros del PP directamente señalados por las investigaciones es el senador por Cantabria y ex tesorero del partido Luis Bárcenas, a quien la Policía identifica sin género de dudas como la persona que, bajo referencias como LB, L.Barc o "Luis el Cabrón", recibió 1,3 millones de euros de la organización de Correa.
"No puedo pensar que es otra persona", dice en su declaración judicial el jefe de la sección segunda de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, mientras que otro agente insiste en que "no hay otra opción, hasta ahora mismo, que considerar que las siglas esas corresponden efectivamente a Luis Bárcenas".
El ex tesorero del PP y su mujer, Rosalía Iglesias, también imputada en la causa, invirtieron más de un millón de euros en bienes patrimoniales entre los años 2006 y 2008, según un informe policial fechado el 8 de mayo de 2009, que señala que el matrimonio realizó esas adquisiciones "sin recurrir a financiación externa, por tanto empleando recursos propios".
El abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, ha asegurado en un comunicado que de la parte del sumario conocida hoy no se desprende "aspecto novedoso alguno" respecto de su cliente y que los tribunales dictaminarán "la inexistencia de comportamiento punible".
El nombre del senador también aparece en un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que apunta indicios de la participación de algunos cargos del PP en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales.
El escrito, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas "podría haber utilizado" la empresa Rustfield Trading Limited y que el ex eurodiputado Gerardo Galeote "se benefició" de la estructura de Awberry License.
La AEAT dice que también "algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore" y cita entre ellos a los ex alcaldes de Boadilla del Monte y de Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega.
El sumario también incluye un informe policial que habla de "financiación irregular" de actos del PP valenciano con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política" y que señala como "canalizador" de esos fondos al ex secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa.
El PP valenciano, según ese informe, pagaba en negro parte de su deuda con la trama de Correa -representada por la sociedad Orange Market- "con aportaciones directas de empresarios de la Comunidad Valenciana", entre los que se cita a responsables de FACSA, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, SEDESA y LUBASA.
Además, numerosos políticos de esa región recibieron de Orange Market regalos de Navidad como un reloj de 2.400 euros para la ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez, un bolso de 815 euros para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; más relojes para el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y para Ricardo Costa, así como mantas, corbatas y puros para otros cargos.
Las actividades de la trama se extienden también a Galicia, donde el considerado "número dos" de la misma, Pablo Crespo, fue en los años noventa secretario de organización del PP, que en esa etapa pagó "en negro" más de la mitad de los actos que celebró entre 1996 y 1999.
El levantamiento del secreto ha permitido también conocer la declaración que Correa prestó ante Pedreira el 30 de abril del año pasado y en la que el supuesto líder de la trama sostiene que los actos que organizaron sus empresas para el PP nunca se dieron "a dedo" y que "jamás" ha pagado a miembros de ese partido o cargos públicos para conseguir alguna contratación.
Varios ayuntamientos gobernados por el PP en la Comunidad de Madrid, como el de Majadahonda o el de Pozuelo de Alarcón, han incumplido en varias ocasiones la ley de contratación ya que fraccionaron contratos o adjudicaron varias veces el mismo servicio a diferentes empresas para favorecer a corporaciones vinculadas con la trama Gürtel como Easy Concept o Down Town, según se desprende de uno de los informes que se encuentra dentro del sumario del caso Gürtel.
El informe recoge varias irregularidades cometidas por los Ayuntamientos populares como el fraccionamiento de contratos para convertirlos en menores la doble adjudicación de algún servicio, o la prima de los criterios subjetivos sobre los objetivos en la adjudicación de los contratos.
En el caso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, dirigido por Jesús Sepúlveda, el informe ve irregularidades en un expediente de la 'Operación asfalto de 2004' referido a un contrato para el asfaltado de algunas vías del municipio que se adjudicó finalmente a la UTE 'Instalaciones y Montajes eléctricos Velasco y asfaltos Vicálvaro S.L'. En este caso, el informe apunta a que tienen importancia los criterios de carácter subjetivo en la adjudicación.
Asimismo, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón celebró 38 contratos menores, por importe de 245.953,52 euros, de los cuales 29 fueron con la empresa Down Town Consulting SL, 7 con BoomerangdriveSL y 2 con Pasadena Viajes SL.
"Creemos que se ha podido producir un fraccionamiento del expediente a efectos de poder tramitarse como contratos menores y no cumplir los principio de publicidad y concurrencia", señala el informe respecto de un contrato presuntamente fraccionado relativo al 'Congreso Parques y Jardines 2004'.
El informe también apunta a irregularidades en la contratación del consistorio gobernado por Guillermo Ortega con acciones como el fraccionamiento de contratos y la adjudicación de un servicio a varias empresas. En el caso del expediente de 'Consultoría y asistencia para el diseño e implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano', el informe revela que sólo hubo una única oferta de la empresa 'Techonology Consulting Managemet (TCM) a quien se le adjudicó el contrato.
Asimismo, señala que la prórroga del contrato fue en realidad un nuevo servicio que se adjudicó directamente a TCM "vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y transparencia". Asimismo, se le adjudicó de nuevo el contrato de atención al ciudadano de manera directa sin estar justificada la urgencia.
Para la gestión de la oficina se firmaron dos contratos, uno con TCM y otro con Down Town Consulting, y posteriormente, se sacó a concurso la 'concesión del servicio público de información y atención al ciudadano', del que destaca la "su similitud de criterios" con el expediente de 'consultoría y asistencia técnica' adjudicado a TCM, de manera que "se podría estar abonando el mismo servicio dos veces".
Además, el informe apunta a que se produjo el fraccionamiento de un contrato cuyo objeto era la 'Prestación de servicios a los ciudadanos sobre la introducción al euro'. "La finalidad de este fraccionamiento es incumplir los procedimientos de contratación con el fin de poder adjudicar directamente los contratos, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia", indica el escrito.
En el caso de Boadilla del Monte, cuyo ex alcalde, Arturo González Panero también está imputado en el caso, también se ven irregularidades en la contratación. Así, el informe habla de que en la adjudicación de los contratos reciben mayor ponderación los aspectos de carácter subjetivo.
"El ayuntamiento de Boadilla ha realizado operaciones con otras empresas del grupo sin que hayan facilitado información ni expedientes de contratación", afirma el texto, que cita como ejemplos
un expediente de 'Trabajos de consultoría y estudios' por 17.624,53 euros facturada por Easy Concept Comunicación o con la misma empresa para 'El diseño de la revista Boadilla del Monte' por valor de 6.960 euros.
No obstante, el informe dice que los expedientes facilitados por el Ayuntamiento están "incompletos o falta información" y añade que "teniendo en cuenta el carácter de la misma y su reiteración inducen a considerar que no es que el expediente archivado esté incompleto sino que de forma expresa e intencionada no se ha remitido".
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Antonio Clemente, aseguró hoy, en un comunicado, que el levantamiento del secreto de sumario sobre el caso Gürtel, realizado hoy, "demuestra que no hay financiación ilegal del PP".
"Es más, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya se manifestó sobre este asunto al no admitir a trámite la querella interpuesta por algunos miembros del PSPV", una "decisión que ni siquiera fue recurrida por este partido", señaló el responsable 'popular'.
Asimismo, sostuvo que "todas las cuentas del PP están auditadas satisfactoriamente por el Tribunal de Cuentas", al tiempo que aseveró que "en el sumario no hay ninguna información que contradiga esta afirmación". "Por el contrario, el PSOE es el único partido político en España que ha tenido casos de financiación ilegal, como el caso Filesa", añadió.
Antonio Clemente manifestó que "el PSOE debe dar explicaciones por el intento fallido de judicializar la vida política y por el uso interesado de informes que están bajo secreto sumarial". Consideró que "hoy queda demostrado que de la información contenida en el sumario no se desprende ninguna información nueva que no haya sido convenientemente filtrada a lo largo de los últimos meses".
Comentó que "los responsables de estas acciones son lo que a partir de ahora deben dar explicaciones". Igualmente, destacó que "el PPCV confía plenamente en la acción de la justicia y rechaza cualquier intentó del PSOE de interferir en las decisiones judiciales por medios totalmente inapropiados en un Estado de Derecho, donde la policía de Rubalcaba --en alusión al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba no es la que juzga", dijo Clemente.
El responsable 'popular' indicó también que el PPCV se reserva "el derecho de emprender acciones judiciales contra todo aquel que ponga en duda la honradez" de esta formación política.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho hoy que el Partido Popular no va a adoptar ninguna medida sobre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, aparte de las ya conocidas, porque "no hay nada nuevo" sobre él en el sumario del caso Gürtel.
González Pons ha señalado que "no hay hechos nuevos, ni personas nuevas imputadas en el sumario" y "todo lo que se ha conocido hoy ha sido producto de filtraciones que se han hecho de forma interesada durante un año".
Tras considerar que se ha demostrado que la Gürtel es "una trama contra el PP", ha señalado que su partido ya ha dado una "respuesta política" y, así, "ha habido dimisiones o cargos que han abandonado su puesto, incluso personas que han sido suspendidas de militancia".
El vicesecretario de Comunicación del PP ha subrayado que "no hay financiación ilegal del PP, no aparece apunte alguno de ingresos en las cuentas del PP y tampoco aparecen apuntes sobre una red de ingresos en el PP", al tiempo que ha indicado que "de lo que habla el sumario es de ingresos en las cuentas de Francisco Correa".
Ha resaltado que el PP tiene todas sus cuentas auditadas en el Tribunal de Cuentas y ha agregado que el partido que siempre ha tenido sospechas de financiación ilegal es el PSOE, desde Filesa a la condonación de los créditos por 30 millones de euros cuando el PSOE llegó al Gobierno.
González Pons ha expresado la confianza del PP en la justicia y ha opinado que "el Gobierno cometería un error si confunde informes policiales con procedimientos judiciales", al considerar que "afortunadamente para los demócratas, ni los jefes de la Policía ni los jefes de la Fiscalía son jueces".
Ha recalcado que sobre Luis Bárcenas no se va a adoptar ninguna medida, aparte de las ya conocidas, porque sobre él no aparece ningún hecho nuevo en el sumario, es aforado por ser senador por Cantabria y toda su causa está en el Tribunal Supremo.
Respecto a las informaciones que apuntan al Gobierno de la Comunidad Valenciana, González Pons ha manifestado que tampoco hay nada nuevo y se ha remitido a las decisiones ya adoptadas al respecto.