El teniente de alcalde de Zurgena dice que Trabalón (PA) está 'tranquilo, muy tranquilo'

LAEDICION.NET.-Aunque a Fiscalía Provincial de Almería ha solicitado ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación para Cándido Trabalón (PA), alcalde de Zurgena, como autor de un presunto delito de prevaricación; éste se encuentra ‘tranquilo, muy tranquilo’ según su teniente de alcalde, Francisco Martínez (PA).

Trabalón debía recoger hoy dos proyectos de obra elaborados por la Diputación Provincial de Almería para el municipio, pero una reunión, según su teniente de alcalde, le ha impedido acudir a la capital.

No obstante, Martínez ha defendido que no habrá cambios ni toma de decisiones en la corporación respecto a los cargos imputados, puesto que ‘ahora mismo no han salido los juicios’.

Martínez confirma además que Manuel Tijeras sigue siendo concejal de Urbanismo en Zurgena, si bien dimitió como teniente de alcalde después de los hechos acontecidos durante la Operación Costurero. El fiscal pide para Tijeras la misma pena que para Trabalón, así como al resto de la corporación que aprobó en pleno la construcción de cinco viviendas en el no urbanizable de Zurgena.

El Escrito de Acusación del fiscal pide la apertura de Juicio Oral ante el Juzgado de lo Penal contra José Torrecillas Cortés – promotor de las viviendas -, José María Urrea Mira – director técnico de las obras -, Miguel Martín Ramos, Manuel Tijeras Cruz, Cándido Trabalón Fernández, Emilia Jesús Jiménez Pérez, Juan Morales Díaz, Aniceto López Martínez, Francisco Salvador Granados, José Juan Sánchez y José Antonio Ramos Muñoz.

El fiscal considera a José Torrecillas y a José María Urrea autores de un delito continuado contra la ordenación del territorio, por la edificación de cinco viviendas unifamiliares en El Cucador, y pide para ellos dos años de prisión e inhabilitación, e interesa el derribo de los inmuebles ilegales, con indemnización a cargo de José Torrecillas y de las personas que hayan celebrado contrato de compra de las mismas, en la cuantía de la cantidad pagada hasta el momento.

En el Escrito de Acusación se establece que construyó las viviendas ‘teniendo conocimiento de que el suelo no era urbanizable y no autorizables, con una licencia concedida por los acusados – cita a los miembros de la corporación – que constituyeron el pleno del Ayuntamiento de 18 de febrero de 2006 y votaron favorablemente a la concesión de las citadas licencias, previo informe técnico elaborado por Francisco Salvador Granados, autorización e informes emitidos a sabiendas de su injusticia, pues todos ellos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable’.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa, una vez recibidos los escritos de Acusación y de la defensa, ha ordenado la apertura del Juicio Oral.

Por otro lado, el letrado Juan Manuel Llerena, ha presentado un escrito de defensa en el que afirma que ‘está acreditado en las actuaciones que mis representados ni conocían, ni podían conocer la eventual ilegalidad de las licencias.
Ninguno de mis representados tiene la menor formación jurídica o urbanística, y se limitaron a votar favorablemente una propuesta de acuerdo que contaba con los informes del técnico municipal y de la Secretaría del Ayuntamiento, en los cuales no se había expresado que no se pudiera otorgar la licencia de obras.

‘El concejal es un mero representante del ciudadano de a pié – continúa Llerena - , que para decidir sobre la idoneidad legal y técnica de las decisiones a las que concurre con su voto tiene que fiar de los funcionarios municipales que cuentan con las preparación técnica necesaria para ello. Y en esa misma línea de razonamiento, numerosas Sentencias del Tribunal Supremo han estimado la inexistencia de prevaricación cuando se resolvió de conformidad con los informes jurídicos y técnicos de los funcionarios a quienes correspondía dictaminar’, concluye el abogado.