El Tribunal Supremo investiga y viene a reconocer la "cacería" política y judicial que inició Baltasar Garzón y la Fiscalía contra las instituciones de la Comunidad Valenciana.
• LAEDICION.NET.-Lejos de interpretaciones, subjetividades, manipulaciones políticas con fines electoralistas o filias y fobias más o menos conocidas; lo cierto es que la Justicia, con mayúsculas, está cada vez más cerca de dar la razón a quienes han mantenido –con evidencias de cierta solvencia- que la trama Gürtel responde más a un deseo de personas cercanas al PSOE, con innegable intencionalidad política e intereses particulares, que a una realidad de corrupción en torno al PP. El Tribunal Supremo está más cerca de demostrar, así ahora lo está investigando, que algo sospechoso hay detrás del empecinamiento de Baltasar Garzón (con el inestimable apoyo de la Fiscalía) de llevar la instrucción del caso Gürtel sin tener competencia para ello a costa de saltarse el turno de reparto de la Audiencia Nacional.
El Semanal Digital ya adelantó a sus lectores que se habían excluido pruebas exculpatorias definitivas para Francisco Camps. Unas grabaciones telefónicas que obviaron tanto las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Myrian Segura como el propio Garzón, y que ahora reclama el Alto Tribunal tras admitir la ampliación de la querella que presentó Ignacio Peláez contra fiscales y el magistrado. El Supremo investiga por qué se ocultaron esas pruebas. Un duro varapalo éste para quienes han hecho de Gürtel su único motivo de existencia (fundamentalmente el PSPV de Ángel Luna, Jorge Alarte, María Teresa Fernández de la Vega…) y que supone un giro radical, como adelanta Federico Trillo, al caso. El Supremo, de manera insólita, denuncia la vulneración del derecho a la defensa y de la imparcialidad judicial llegando a reconocer que Fiscalía ha violado sectariamente la presunción de inocencia.
Es tanta la importancia de lo que ahora investiga el Alto Tribunal que Camps ha hecho referencia, algo que en él no es habitual, al asunto procesal afirmando que de no haberse ocultado pruebas "nos hubiésemos ahorrado todos un año y medio de proceso judicial". Y es que lo que deliberadamente se ha ocultado a los jueces exonera a Camps de cualquier responsabilidad penal. Como muestra un botón extraído de conversaciones entre Pablo Crespo y su letrado: "el TSJCV va a tener difícil sostener la acusación contra Camps porque no es cierta" o "si Camps se hizo trajes allí, se los habrá pagado de su bolsillo". Por cuestiones tan evidentes como éstas el Supremo tiene sospechas de que Camps ha sido víctima de un montaje auspiciado por Garzón.
Como más cerca está la constatación en realidad de lo que anteriormente eran algo más que sospechas que se suscitaron nada más conocerse el caso Gürtel y que apuntaban a la intencionalidad y fin político de toda esa investigación judicial que afectaban, curiosamente, a las dos Comunidades Autónomas "buque insignia" del PP de Mariano Rajoy. Y es que desprendía un tufillo de manipulación el juez Baltasar Garzón, quien fue número dos del PSOE, hace suyo un caso que en la víspera de hacerse público –el 7 de febrero de 2009- lo "celebra" con una cacería junto al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo; el comisario de la Policía Judicial, Juan Antonio González y la fiscal, Dolores Delgado.
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