Los cobros de Garzón en Nueva York salpican a Pizarro y al BBVA .

LAEDICION.NET.-D.M.-El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presunto cohecho y prevaricación relacionados con su gestión de unos cursos en la Universidad de Nueva York, ha citado a declarar la próxima semana al ex presidente de Endesa y ex diputado del PP Manuel Pizarro y al presidente del BBVA, Francisco González, para que aclaren las donaciones que las entidades de las que eran responsables prestaron a estos simposios en 2005 y 2006.

En una providencia notificada este jueves el magistrado también cita en calidad de testigos a Montserrat Carrión Luengo, empleada de la eléctrica, destinataria de los correos electrónicos intercambiados con el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York para la formalización del contrato de patrocinio; al ex director de comunicación del BBVA, Javier Ayuso Canals; y a dos responsables de Telefónica: José María Sanz-Magallón Rezusta, consejero delegado de Telefónica Internacional y responsable de la oficina de Telefónica en Estados Unidos, y Loreto Pérez del Puerto, directora de relaciones corporativas internacionales de la compañía.

Estas citaciones llegan después de que el magistrado del Tribunal Supremo solicitara el pasado 10 de junio diversa documentación a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Cataluña, tras conocer que todas ellas podrían haber patrocinado cursos organizados por Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. En concreto, el juez solicitó certificación de las "cantidades abonadas por cualquier concepto, con indicación de su fecha e importe" al citado centro de Derecho y Seguridad".

La acusación popular en esta causa -ejercida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea- solicitaron al magistrado que citara a declarar a Pizarro para que explique la ayuda de 125.000 dólares que la entidad prestó en 2006 al Centro de Derecho de la Universidad de Nueva York para la organización de estos encuentros académicos.

La petición se produjo después de que Endesa remitiera al alto tribunal diversa documentación que certifica que en abril de 2006 Endesa donó la citada cantidad tras recibir una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, solicitando fondos para el patrocinio. La empresa llegó a pactar la donación de 500.000 dólares, si bien finalmente sólo entregó 125.000. Según el escrito remitido al Supremo por la acusación, la comparecencia de Pizarro es necesaria "porque es imposible creer que una empresa estuviera dispuesta a donar 500.000 dólares a una Universidad extranjera sólo porque se lo pida una profesora en una carta".

Advertían además Mazón y Panea de que una de las misivas se entregó en un sobre con membrete oficial del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Garzón era titular por entonces, tal y como reconoce en uno de los documentos remitidos al Supremo el director general de Asesoría Jurídica de Endesa.

Los querellantes añaden que "500.000 dólares es una suma razonable para ganarse las simpatías del juez más famoso, en cuyo juzgado pueden recaer casos de una gran empresa, pero un disparate para financiar un seminario remoto sobre terrorismo donde de no figurar Garzón carecería de todo interés para la eléctrica cuyos patrocinios usuales nada tienen que ver" con temas de seguridad.