Malaya, cien togas de estreno

LAEDICION.NET.-D.M.-A 48 horas vista para que comience el juicio por el mayor caso de corrupción política destapado en España, la súper sala en la que celebrarán las sesiones judiciales del caso Malaya está ya sólo a falta de que lleguen los procesados, sus abogados defensores, las acusaciones y el tribunal.

Cada una de las sillas destinadas a los imputados en el proceso ya portan en el respaldo un papel con un rótulo relativo a la identidad del acusado que debe ocuparla. Además, el centenar de togas encargadas por el Colegio de Abogados para los letrados personados en este sumario también aguardan en un perchero el inicio de la vista.

Estos preparativos de infraestructura técnica para facilitar un normal desarrollo de las sesiones se suman a los acometidos en la Ciudad de la Justicia de Málaga, que pese a haber sido inaugurada hace tres años, hubo que someter a reformas especiales para habilitar un espacio suficiente para celebrar este juicio. Además, la sala se dotó de monitores y el salón de actos se reconvirtió en sala de prensa en previsión de la llegada de gran número de profesionales de la comunicación para la cobertura de un juicio con indiscutible interés informativo.

Se trata del primer caso de corrupción política organizada destapado en España que llega a juicio, circunstancia que unida a la voluminosidad del procedimiento compuesto por más de 200.000 folios, el elevado número de procesados y la notoriedad de algunos de ellos en los programas de televisión han generado una fenomenal atención mediática. De hecho se han acreditado para seguir el juicio más de 300 periodistas, productores, camarógrafos, fotógrafos, conductores de unidades móviles de sesenta medios de comunicación.

El tribunal ha citado para las 10:00 de la mañana del próximo lunes a 95 de los 98 procesados, puesto que los ediles Carlos Fernández y Javier Lendínez y el empresario José Manuel Carlos Llorca Rodríguez se encuentran huidos. La Fiscalía Anticorrupción pide para el conjunto de los 95 procesados citados por la sala más de 500 años de cárcel y cerca de 3.000 millones de euros en multas.
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