El Gobierno recorta su compromiso en VPO y reorienta la ayuda hacia el alquiler

Las viviendas protegidas en venta que contarán con financiación estatal se reducen un 27% de la previsión inicial • Los 311 millones acordados entre Griñán y Rubalcaba para 2010 ya están prácticamente ejecutados

LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO La financiación que destina el Gobierno a la Junta de Andalucía para cofinanciar las actuaciones destinadas a la adquisición de vivienda protegida se reducen con respecto a las previsiones iniciales en beneficio de las políticas que orientan hacia el alquiler.

Pese a que la ex ministra y ahora secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, insistió ayer en declaraciones a los periodistas que "el ajuste presupuestario en el caso de Andalucía no ha supuesto una restricción de los objetivos convenidos", lo cierto es que sí ha habido una reformulación de los objetivos aprobados el pasado año en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para Andalucía.

Corredor se reunió ayer con la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, en el marco de la comisión bilateral que hace un seguimiento de este plan. El discurso de Corredor, que completó la gira de reuniones bilaterales con las comunidades, se centró en la prioridad que el Gobierno da ahora a las políticas de rehabilitación de edificios y de alquiler, y no quiso entrar en detalle sobre la construcción de VPO.

Los datos aportados por su departamento detallan que el Ministerio de Fomento financiará 8.293 viviendas protegidas en 2010, un 27,3% menos de las 10.565 comprometidas en el convenio con Andalucía. De éstas, 3.142 serán en régimen de alquiler, una proporción que sube un 12% con respecto al plan inicial. En total, el objetivo del Ministerio pasa por cofinanciar 45.029 viviendas hasta 2012, previsión que ya se ha reducido en lo que respecta a este año. De hecho, la Junta ya ha avisado que revisará sus previsiones iniciales en promoción de vivienda protegida, a lo que se han negado sindicatos, empresarios y alcaldes firmantes del Pacto por la Vivienda en 2007.

Además, según la nota del Ministerio de Fomento, las ayudas del Estado permitirán rehabilitar 6.500 viviendas. Sin embargo, el compromiso para 2010 aprobado en el convenio de colaboración entre ambas administraciones para la aplicación del plan estatal era de 12.325. El descenso es del 89,6% .

En ninguno de estos recortes quisieron reparar los responsables del Gobierno o de la Junta que, por contra, sí que enfatizaron un aumento de los programas de ayudas a inquilinos para pagar las viviendas, que pasan de las 2.077 actuaciones a 6.077, el triple de lo convenido inicialmente. Estas ayudas están dirigidas a rentas inferiores a 2,5 veces el Iprem (unos 16.000 euros anuales) por periodo de dos años.

Según fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la demanda lleva años superando el número de ayudas previstas por la Junta y era necesario ampliarlas. El incremento de estas ayudas al alquiler fue el aspecto destacado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tras el encuentro mantenido el día 13 con el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Griñán anunció que se había cerrado con el Gobierno el nuevo convenio bilateral Junta-Estado en materia de vivienda por 311 millones para financiar 24.184 actuaciones de VPO, ayudas a inquilinos, rehabilitación, suelo y alquiler. El plan inicial contempla 28.207 acciones.

Todas estas actuaciones están referidas a 2010, por lo que muchas de ellas ya están programadas o incluso ejecutadas, apuntaron fuentes de la Junta. La comisión bilateral se reúne cada año para comprobar el destino de estas cuentas ya presupuestadas. De hecho, el convenio del plan estatal 2009-2012 recoge una dotación de 1.440 millones para Andalucía, una media de 360 millones por año. Con la reunión entre Griñán y Rubalcaba se escenificó el fin de la tensión que, entre otras cuestiones, desató el anuncio del Gobierno en agosto de "ajustar" el plan estatal y suprimir algunas ayudas para VPO desde enero de 2011, entre ellas la destinada a la entrada.

La Junta se mostró frontalmente en contra y, en diversas declaraciones públicas, reclamó un periodo "transitorio" para la pérdida de estos beneficios y ofreció "múltiples" medidas para paliar la eliminación de estas ayudas.

Corredor puso el acento en la propuesta de Andalucía que se ha incluido en el decreto, que pasa de un aumento de 10 a 15 años de las ayudas para pagar los préstamos convenidos para comprar una vivienda de protección oficial (VPO), que se incrementan de 10.500 a 14.500 euros. Cruz Villalón admitió ayer que esta medida servirá para compensar "en parte" la bajada de ayudas a la compra de VPO.

Dentro de los 311 millones de euros, Corredor y Cruz Villalón presidieron la firma de medio centenar de acuerdos con alcaldes de una treintena de ayuntamientos que facilitarán la construcción o rehabilitación de 6.374 viviendas y alojamientos protegidos, así como la erradicación de infravivienda y el mantenimiento de las ventanillas únicas en sus respectivos municipios. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 56,9 millones de euros por parte del Gobierno y 44,3 millones por parte de la Junta.