Fiscal solicita multa de 120 euros para la vecina que grabó un pleno de Uleila del Campo y lo colgó en Internet

Laedicion.net.-Daniella Montenegro.-. El ministerio Fiscal ha interesado una multa total de 120 euros para María del Carmen Pascual López, la vecina de Uleila del Campo a la que se acusa de grabar en vídeo y colgar en internet un pleno municipal sin permiso del teniente de alcalde, Ángel Hernández (PSOE). La fiscal pide una sanción de 6 euros diarios durante 20 días por una falta leve de desobediencia a la autoridad, tipificada en el artículo 634 del Código Penal, y la libre absolución para la presidenta de la Plataforma Cerro de la Virgen de Uleila del Campo, Juana Antolín Ramos, quien también había sido denunciada esta causa.

La letrada del Ayuntamiento, María del Mar Cabrerizo, ha solicitado por su parte que se considerase a la mujer autora de sendas faltas de desobediencia a la autoridad y de injurias o vejación en grado leve –artículos 634 y 620.1 del Código Penal-, pidiendo que en ambos casos se aplicase la pena máxima recogida en el Código Penal para ambas, al considerar que ha quedado acreditado que desobedeció una ‘orden legítima, directa y personal’, para actuar después de forma ‘incívica’ y ‘lesionando el principio de autoridad’.

El abogado de Pascual y Antolín, Gabriel Alcoba, ha solicitado la libre absolución para su cliente. El letrado ha defendido además que se actuaba contra la libertad de expresión de sus representadas, al negarles el derecho reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución Española. Asimismo, Alcoba ha mantenido que no se ha producido desobediencia pues en ningún momento se ordenó a sus clientes de forma directa que dejasen de grabar.

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2009, en un pleno extraordinario solicitado por el Grupo Popular, tras la convocatoria por parte de la Plataforma de una manifestación Plataforma en protesta por los vertidos de aguas residuales en la rambla del Cañal. Dicho pleno fue presidido por Hernández al encontrarse la alcaldesa, Águeda Cayuela (PSOE), de viaje en ese momento, según ha confirmado la propia regidora.

A este pleno una de las vecinas asistentes se llevó una cámara y comenzó a grabar porque era de ‘interés’ para los vecinos. En este punto, difieren las versiones. Pascual y Antolín afirman que en el Salón de Plenos había cuatro vecinos –incluidas ellas-, mientras que el equipo de Gobierno dice que sólo eran tres.

La acusada ha asegurado además que lo único que ocurrió fue que un concejal, José Francisco García Martínez, se dio cuenta de que se estaba grabando la sesión, por lo que se preguntó al secretario si esto era posible, respondiendo a Hernández que era su potestad decidir si podían hacerlo o no. El alcalde en funciones habría expresado su negativa, pero nunca directamente a Pascual que, no obstante, dejó el aparato apoyado en una silla, pero sin desconectar.

Lo narrado por Hernández y García Martínez es similar hasta cierto punto, pues insisten en que se dirigieron de forma clara a las asistentes para manifestar esta prohibición. En cualquier caso, la abogada de la acusación mantiene que incluso si esto no hubiese sido así ‘no pueden ampararse en ello, pues cualquiera con un mínimo de intelecto percibe que no puede grabar’ y señala que con ‘ánimo tendencioso, faltó al orden público, a una orden tajante y clara y colgó posteriormente el vídeo en Internet, mofándose del alcalde con unas viñetas’, en las que, entre otras cosas, le decía que tomase ‘rabillos de pasa’.

Si el regidor se dirigió o no a las acusadas ha sido el principal caballo de batalla de ambas partes; aunque no el único. Alcoba ha conseguido, tras una larga argumentación y después de hacer que constase su protesta en dos ocasiones, que la juez Marcela Beltrán, al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería en este caso, aceptase como prueba la grabación realizada por Pascual, no sin que antes se haya advertido que dudar de lo recogido en las actas del pleno podría suponer que se había cometido un delito de falsedad documental.

Persecución

Antes de la vista, Pascual había manifestado que la denuncia del equipo de Gobierno de Uleila se podía tomar como ‘un tipo de represalia’ por las manifestaciones convocadas días antes del pleno, asegurando que ‘en ningún momento han querido hablar con nosotros’. Hasta en esto discrepan con los representantes municipales, pues la alcaldesa, Águeda Cayuela (PSOE), dice que son ellas las que ‘jamás han ido a hablar, disculparse, razonar o decir el motivo por el que desobedecieron estas órdenes’.
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