Las rencillas familiares comenzaron hace casi una década • Los dos desalojados aseguran que seguirán luchando hasta conseguir lo que consideran es suyo
LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-Un vecino de El Ejido, José Medina ha desahuciado a su hija, Dolores Medina y su nieto, Antonio Rodríguez por el impago de unas rentas, que ascienden a 12.000 euros. Pero lo que hace unos días acaba en desahucio comenzó a gestarse hace ocho años. En el año 2003, José Medina, que tiene una finca en las inmediaciones del polígono La Redonda propone a su hija construir un invernadero en ella, pero era imprescindible que uno de sus nietos hiciera, según argumenta Antonio Rodríguez, el desahuciado, un curso para jóvenes agricultores que le permitiría obtener una subvención de la administración competente, con las consiguientes facilidades que supondría a la hora de construirlo. Pero entre los requisitos de esta subvención se encuentra que deberá ser el beneficiario de la misma el encargado de explotar la finca. Así que como es uno de los nietos de José quien acepta se redacta un contrato en el que José alquila las tierras a su nieto por el mismo periodo que dura el pago del préstamo.
En el contrato figura una cantidad de 100 euros anuales "porque alguna cantidad debía aparecer reflejada, pero en realidad lo que se pagaban eran las anualidades del préstamo, que ascienden a 12.000 euros. Incluso, a fin de ahorrar gastos "se decide no construir balsa ni invertir en sistemas de riego, ya que mi tío Aurelio ofrece a mi hermano la posibilidad de regar a través de sus instalaciones pagándole los gastos", ha afirmado Antonio Rodríguez.
Tiempo después de haber comenzado a explotar el invernadero en cuestión, todos los miembros de la familia deciden plantear la división de la herencia. Pero se hace de forma verbal. Se trata de una finca en Adra, de unas 70 hectáreas, que se divide en tres partes. Una por cada hijo de José. Además, dos viviendas en El Ejido que pasan a Aurelio y el invernadero y la casa, de la finca del polígono La Redonda, que pasan a Dolores.
Antonio Rodríguez asegura que "todo ha sido gestado por mi abuelo y mi tío para quedarse con el invernadero. Aunque mi abuelo está jubilado y no puede, o al menos por ley no debería, explotarlo". En el año 2008, muere la esposa de José y "todo se dividió en partes iguales para mí y mis dos hermanos y usufructo vitalicio para mi padre", ha apostillado Dolores Medina. Pero pocas semanas después comienzan los problemas.
En ese momento "mi tío decide que ya no podemos usar más sus instalaciones para regar y como la cosecha del invernadero estaba en plena producción, y al no poder regarla tuvimos que dar la campaña por perdida", señala Rodríguez. Esas pérdidas económicas llevaron a que los ahora desahuciados no pudieran hacer frente al pago de la anualidad del préstamo. Pero deciden no tirar la toalla y construir una balsa para poder regar la explotación agraria.
Pese a que dieron por hecho que no habría problema alguno dado que se apoyaban en el contrato de alquiler en vigor, la realidad fue bien distinta. "Mi hermano impidió al personal encargado de la construcción de la balsa que pudiera hacer su trabajo, amenazando incluso con denunciarles si seguían adelante", ha apostillado Dolores Medina.
Meses después, Antonio decide hablar con su abuelo para resolver el conflicto y así fue. Una vez llegados a un entendimiento se sientan todos y cambian el contrato familiar en vigor. Por un lado, el arrendatario de la finca pasaría a ser Antonio Rodríguez en vez de su hermano, por menor tiempo en alquiler y a un precio más elevado.
"Aunque en el contrato no se refleja, el importe que figura es el mismo que se paga por el préstamo anualmente. Además, mi hermano firmó un documento en el que reconocía la deuda contraída con mi tío porque al no poder regar no pudimos hacer frente al pago de la anualidad de anterior, y al ser mi tío el avalista fue, dice, quien pagó", ha indicado Rodríguez.
Es en enero de 2011 cuando "y tras haber discutido con mi abuelo porque no quería que siguiera con el invernadero, recibo una demanda en la que me requieren el pago de las rentas no satisfechas y el desahucio del invernadero", ha asegurado Rodríguez. En marzo se celebra el juicio y la parte denunciante argumenta que "el dinero que se ingresa es para cancelar el préstamo personal que había en principio", pero los desahuciados aseguran que "lo que se pagó fue la hipoteca de ese invernadero".
La sentencia condena a Antonio Rodríguez, y con él a su madre, a irse de la finca. Además, deben pagar las costas del juicio y 24.000 euros. El miércoles abandonaron la finca.
Un capítulo que no acabará aquí puesto que ambos aseguran que lucharán para conseguir lo que consideran que es suyo sin importar ningún tipo de lazo familiar.
Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada@laedicin.com
http://twitter.com/laedicion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario