El Gobierno congela hoy el salario de los funcionarios y sube las pensiones

Daniella Montenegro© Tal y como anunció Mariano Rajoy en el debate de investidura, hoy se aprobará el primer paquete de medidas económicas urgentes para tratar de llevar el déficit al 4,4% a finales de 2012. Está previsto que la prórroga del presupuesto de este año incluya la congelación del salario de los funcionarios y que el único incremento del gasto lo constituya la subida de las pensiones en torno al 1%. Primera gran prueba de fuego para Rajoy. El Consejo de Ministros dará luz verde hoy al Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en materia económica y presupuestaria. Dicho decreto incluirá la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que irá acompañada de un acuerdo de no disponibilidad. Esto significa que aunque a priori cada ministerio podría gastar el mismo dinero que lo presupuestado para este año, ese acuerdo de no disponibilidad marcará la cantidad de recursos con la que no podrán contar bajo ningún concepto. Fuentes oficiales explican que hay aspectos de las cuentas públicas que no se prorrogan automáticamente y de los que es necesario hacer una actualización. Entre ellas, se encuentra la subida de todas las pensiones, a la que se comprometió Rajoy durante la campaña electoral y que todas las fuentes consultadas sitúan en el entorno del 1%. Además, se incluirán otras medidas como la tasa de reposición del sector público, que se fijará en cero salvo en lo que afecta al personal específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los que prestan servicios esenciales. Con toda probabilidad se decretará la congelación del salario de los funcionarios al menos hasta marzo, fecha prevista para la elaboración del nuevo presupuesto. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, según avanzó el miércoles el Gobierno a los sindicatos, es que se congelará el salario mínimo interprofesional (SMI), que el año que viene se mantendrá en 641,40 euros al mes. Además, ayer se conoció que también se mantendrá congelado el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), establecido en 532,51 euros mensuales -el 83% del salario mínimo interprofesiona- y que sirve de referencia para la concesión de ayudas a la vivienda, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, según informó Europa Press. Este real decreto servirá al Gobierno de puente hasta que pueda elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2012. En enero, cuando Bruselas publique sus previsiones anuales de crecimiento, el Ejecutivo presentará el cuadro macroeconómico de España. En ese momento, el Gobierno llevará al Congreso, para su autorización, el techo de gasto de las cuentas de 2012. A partir de ahí, y cuando se conozcan los datos definitivos del déficit público de 2011, y a la vista de la evolución de la economía, se presentarán a la Cámara Baja los presupuestos antes del 31 de marzo. El Consejo de Ministros aprobará también una amplia batería de nombramientos con el fin de que los ministerios vayan completando sus organigramas. Entre estos figuran al menos seis secretarios de Estado, y propondrá que el nuevo fiscal general del Estado sea Eduardo Torres-Dulce. También están confirmados los nombramientos de Engracia Hidalgo como secretaria de Estado de Empleo; Federico Ramos, de Medio Ambiente, y el financiero Íñigo Fernández de Mesa como director del Tesoro. Burgos, a Seguridad Social y Ferre, a Hacienda Entre los nombramientos previstos destaca el de la Secretaría de Estado de Hacienda, de la que se hará cargo Miguel Ferre, inspector de Finanzas del Estado que trabaja en la actualidad para la consultora PwC y que ya tuvo un alto cargo en la administración tributaria cuando Cristóbal Montoro, fue titular del Departamento entre 2000 y 2004. Para dirigir la Agencia Tributaria Montoro maneja la posibilidad de nombrar a Beatriz Viana, inspectora de Hacienda del Estado y ex jefa de Gabinete de Rodrigo Rato en Economía. La ministra de Empleo propondrá el nombramiento de Tomás Burgos como secretario de Estado de Seguridad Social. Se trata del cargo que mayor volumen de gasto público maneja, puesto que administra las cotizaciones de empresarios y trabajadores y las pensiones, que suponen un monto de 100.000 millones.