El Gobierno elige Cuenca para albergar el futuro almacén de residuos nucleares

El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy que Villar de Cañas, uno de los municipios aspirantes, acoja el Almacén Temporal Centralizado (ATC) DANIELLA MONTENEGRO.-LAEDICION.NET.-El nuevo Gobierno del PP prevé poner fin hoy a las primeras de cambio a más de siete años de proceso para decidir la ubicación del almacén de residuos nucleares, el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC). Según ha sabido ABC, el segundo Consejo de Ministros del Ejecutivo popular estudiará y probablemente aprobará hoy que sea el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), uno de los nueve aspirantes seleccionados por el gabinete socialista, el elegido para su instalación. Con esta decisión, el Gobierno entrante resolverá una de las múltiples tareas pendientes que deja la gestión socialista, que desde que en 2004 aprobara el Plan de Residuos Radioactivos de España, fue incapaz de llevarla a término durante dos legislaturas casi completas. El proyecto heredado, y perfilado ahora por el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, incluye una inversión aproximada de 700 millones de euros, que permitirán la creación de al menos 300 puestos de trabajo durante los aproximadamente cinco años de construcción de la primera fase del complejo. A esa fase habrá que sumarle otras dos para completar la construcción completa de un centro para el que se ha previsto una actividad de 60 años. Además, el proyecto incluye un centro tecnológico y un parque empresarial. La elección del futuro ATC, el primero en España para el tratamiento de residuos radiactivos de alta capacidad y no exento de polémica en aquellas zonas en las que se ha barajado su instalación, se apoya en diversos informes técnicos, pero particularmente en el que se elaboró tras la convocatoria de municipios candidatos a albergarlo. En concreto, después del correspondiente plazo de presentación de candidaturas, el Ministerio de Industria, entonces dirigido por Miguel Sebastián, dio a conocer su valoración de los ocho municipios finalistas. De acuerdo con dichos informes, además de la opción del municipio conquense de Villar de Cañas, ahora elegido, emergían como favoritos también los de Yebra (Guadalajara), Zarra (municipio valenciano cercano a la provincia de Albacete) y Ascó (Tarragona). Se da la circunstancia de que en su momento, Zarra fue el municipio elegido por el ministro Sebastián, de acuerdo con los informes de sus técnicos, e incluso a pesar de la contestación social que provocó en otros municipios de la zona. De hecho, llegó a comunicarlo a la Generalitat Valenciana, entonces presidida por Francisco Camps, apenas horas antes de llevarlo al Consejo de Ministros. Sin embargo, ante la oposición del PP y el PSOE valencianos y pese a que el gabinete ministerial tenía ya la decisión sobre la mesa, el Gobierno y el PP acabaron pactando un aplazamiento. En el caso de Ascó, la opción se encontró con el rechazo de una moción mayoritaria del Parlamento de Cataluña. No fue el caso de Villar de Cañas. Antes al contrario, aunque su candidatura no estaba entre las dos más valoradas por los técnicos, el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, ofreció desde un primer momento todas las facilidades, basándose siempre en los beneficios que llevará el proyecto a una zona necesitada de inversiones. La construcción del ATC responde al hecho de que el centro de El Cabril (Córdoba), el único de estas características existente en España, solo tiene capacidad para tratar residuos de baja y media actividad, por lo que actualmente los residuos son almacenados en piscinas de las propias centrales nucleares hasta que son desmanteladas, como ha ocurrido con la de Zorita (Guadalajara), en proceso de desmantelamiento entre 2006 y 2016. España tiene alquilado a Francia el almacenamiento de residuos, a pesar de que desde el 1 de enero de 2011 hace frente a una multa de 60.000 euros diarios por no cumplir con el plazo final convenido, a los que hay que sumar el coste de su traslado y el precio de la aceptación por parte del país galo. En el Ministerio se calcula que el coste anual que debe asumir España por no disponer del almacén se acerca a los 150 millones al año.