El PSOE se opone a que PYMES y autónomos tengan mayor flexibilidad para acceder a líneas oficiales de crédito

Los senadores socialistas, entre ellos Pérez Navas, votan en contra de una moción presentada por el PP en el Senado LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-"Los senadores del PSOE, entre ellos el almeriense Juan Carlos Pérez Navas, se han opuesto a una moción del Partido Popular para que las PYMES y autónomos puedan tener una mayor flexibilidad para acceder a líneas oficiales de crédito, propuesta que, sin embargo, obtuvo el apoyo mayoritario del pleno del Senado, lo que, a juicio del senador Eugenio Gonzálvez, “es una gran noticia que demuestra el compromiso sólido, firme y serio del Gobierno de España para impulsar medidas que permitan liquidez en el ámbito que representan las deudas contraídas con pequeños y medianos empresarios y autónomos”. En la moción se hacía especial hincapié en la preocupante situación en la que se encuentran PYMES y autónomos, que están sufriendo de manera directa los efectos de la crisis económica, y se indicaba que el aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas están afectando especialmente a las pequeñas empresas y autónomos, sector que representa el 90% del tejido empresarial español. Gonzálvez lamenta especialmente la negativa de Pérez Navas, “que representa a una provincia donde más de 4.000 empresas y 5.000 autónomos han tenido que cesar su actividad en los últimos cinco años”. PYMES y autónomos tienen dos grandes problemas, señala el senador popular Eugenio Gonzálvez, “la cantidad ingente de deuda contraída con las administraciones públicas que no efectúan sus pagos y que cuando acuden a las entidades financieras para que les otorguen liquidez mediante la concesión de créditos no se producen y ahogan su presente y su futuro”. En este sentido, la iniciativa hacía referencia a que “las medianas y pequeñas empresas dependen en gran medida de la liquidez o fluidez del crédito a corto plazo y las limitaciones de tesorería les impiden llevar a cabo su actividad de manera normal y ordinaria teniendo en cuenta el contexto económico y social en el que se desarrollan”. En la situación actual “no pueden aguantar un solo minuto más como consecuencia de la morosidad que se efectúa por parte de las administraciones públicas a la hora de proceder a la liquidación de la deuda vencida sin que PYMES y autónomos dispongan de esa liquidez y en consecuencia del pago de las mismas”. Ello está provocando que muchas de las PYMES y autónomos están desapareciendo porque no pueden aguantar los plazos excesivos para el pago de las deudas contraídas con las administraciones públicas, motivo por el cual, según explica Gonzálvez, “el PP había llevado esta moción a la Cámara, con el fin de poner encima de la mesa el compromiso sólido, firme y serio del Gobierno de España para impulsar medidas que permitan liquidez en el ámbito que representan las deudas contraídas con pequeños y medianos empresarios y autónomos”. Sin embargo, el Grupo Socialista se negó a apoyar una iniciativa que pedía “liquidez y solvencia financiera para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Los mismos que han justificado que Zapatero bajara el sueldo a los funcionarios y subiera el IVA a todos los españoles o que congelara las pensiones, dejando la peor herencia de la historia democrática de España, con 5’2 millones de parados, 50% de paro juvenil, 90% de precariedad laboral y un déficit oculto del 6 al 8% se oponen ahora con su voto negativo a que haya liquidez para PYMES y autónomos. Las medidas aprobadas en la iniciativa del PP se concentran en tres puntos: 1. Impulsar las medidas necesarias para recuperar lo establecido en la modificada disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010 de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2044, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 2. Dar una mayor flexibilidad a los autónomos en las garantías exigidas para acceder a las líneas oficiales de crédito. 3. Facilitar que la Administración General del Estado, sus organismos, entes y empresas públicas cumplan los plazos de pago legalmente establecidos.