Estamos reunidos a las puertas de una Institución que debería
representarnos a todo nosotros, como es la
Justicia, pero que hoy, tristemente, parece no representarnos
a ninguno de los que estamos aquí. Cuando los ciudadanos no entienden a su
justicia, es que ésta ha dejado de pertenecerles. Y, cuando esto ocurre, es que
la Justicia ha dejado
de existir. Sin justicia, no hay convivencia ni democracia posibles. Por eso no
es gratuito que hoy estemos aquí.
Tenemos el derecho y la obligación de reclamar una justicia
justa, porque en ello nos va la vida, social e individual, a todos nosotros.
Tenemos el derecho y la obligación de reclamar una justicia acorde con nuestros
valores democráticos, que no son otros que los recogidos en la Constitución: independencia
judicial, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, dignidad, libertad de
expresión. Por eso, queremos decir fuerte y claro que no entendemos la condena
al juez Serrano. Que no entendemos una justicia de espaldas a los principios
éticos que expresamente recoge nuestra Constitución, que han sido radicalmente
ignorados en la sentencia condenatoria.
Es grave, gravísimo lo que está ocurriendo. Por eso queremos
manifestar públicamente que creemos que la justicia ha dejado de pertenecer a
los ciudadanos. Que el caso del juez Serrano muestra, blanco sobre negro, que
algo no funciona en nuestras instituciones. Si la injusticia es el mal social
por excelencia, la injusticia disfrazada de justicia es la culminación del
deterioro de un sistema de convivencia.
Grave resulta la politización la justicia española, a través
de la elección política de los Altos Tribunales. Y grave resulta la aprobación
de leyes manifiestamente injustas, por un Parlamento volcado en una demagogia
política incompatible con la democracia. El resultado de todo ello es un
sistema legal en el que cabe, holgadamente, la injusticia. Un sistema en el que
la injusticia puede ser legal, y en el que un defensor de lo justo puede, por
tanto, ser tachado de delincuente. El apartheid era legal en Sudáfrica por lo
que, en lógica consecuencia, Nelson Mandela era un delincuente, porque se
oponía al apartheid. Entendemos que Paco Serrano le ha ocurrido algo muy
parecido: ha sido tachado de delincuente por oponerse a la ideología de género,
una ideología injusta que se ha convertido en legal, de la mano de la demagogia
política.
La condena a Serrano marca un paradigma en nuestra sociedad,
que debemos resolver adecuadamente si es que queremos un proyecto social común.
O elegimos rescatar la Justicia,
y se restaura al juez Serrano, o bien optamos por un sistema injusto, en el
que, por definición, toda convivencia resulta imposible. Tal es el calado que
tiene la condena al Juez Serrano, que arrastra consigo la justicia, la libertad
de expresión, y los propios principios constitucionales. Por eso estamos aquí.
Porque queremos una Justicia con mayúsculas, que sea pilar de la democracia, y
no una injusticia que mine sus fundamentos hasta su definitiva y trágica
desaparición.
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