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El diputado Juan Pablo
Yakubiuk y el concejal de Almería Rafael Esteban critican la operación
urbanística en la que se favorece un desarrollo urbanístico privado
amparándose en una demanda ficticia en cuanto a la necesidad de trasladar la
Residencia Asistida de la Diputación
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LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El concejal por Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Almería, Rafael Esteban y el diputado de IULVCA, Juan Pablo
Yakubiuk, han comparecido esta mañana en rueda de prensa en la sede provincial
para denunciar públicamente el convenio urbanístico con el que el presidente de
la Diputación y presidente del PP, Gabriel Amat, pretende construir la nueva
residencia asistida y el edificio 102.
“Se trata de un convenio urbanístico entre Diputación y el Ayuntamiento de la capital que nos retrotrae a la época del ladrillazo y que nos hace pensar que el PP no ha aprendido nada de esta crisis. El convenio afecta a los terrenos que hoy ocupa el hogar provincial, el pabellón Moisés Ruiz y un solar que hay detrás. La primera operación del convenio recoge la cesión por parte de ayuntamiento de una parcela de 2.000 metros a cambio de otra frente a la carretera de Ronda para uso dotacional, de equipamiento docente y deportivo. A cambio de esta permuta, el ayuntamiento debe incluir en el PGOU una modificación y recalificación de esta zona para incluir la posibilidad de incluir tres torres de doce plantas de altura para 200 viviendas, 19.000 metros cuadrados de residencial y un Centro Comercial de 4.000 metros cuadrados”, según explica el diputado, Juan Pablo Yakubiuk.
Esto, que se pretende llevar a pleno el próximo viernes, iría ubicado sobre las ruinas del Hogar Provincial, que se pretende demoler.
“Lo que no dice el convenio pero que vemos venir es que el coste de la construcción de un nuevo edificio administrativo para la Diputación y una nueva residencia se financiará con un nuevo convenio con alguna mercantil que a cambio de la permuta de todas estas viviendas y centro comercial sufrague esas construcciones. Es una música que llevamos tiempo escuchando en Roquetas de Mar, donde Gabriel Amat es alcalde. Es el ejemplo del fallido convenio urbanístico para la construcción del Hospital de Roquetas. Y en este caso, desde el PP se han inventado una demanda ficticia para la residencia para justificar una nueva, cuando creemos que los mayores estarán mucho mejor en la actual, en un espacio abierto de planta baja y rodeados de zonas verdes, que en pleno centro de la ciudad y en un edificio en altura, algo que repercutirá en la calidad de la asistencia a los residentes”.
Por su parte, Rafael Esteban, informó de que el ayuntamiento de la capital es el que debe incorporar este convenio en la próxima revisión del PGOU. “El vicepresidente de la Diputación decía el otro día en un artículo que esta institución “ha dejado de ser un cortijo, y es verdad, pero se ha convertido en el castillo de un señor feudal: Gabriel Amat, que está trayendo el modelo acabado del ladrillazo. Ahora estamos entendiendo porqué desde el PP hablaban de una necesidad en cuanto al nuevo edificio de la Diputación y hacer una residencia. Esa propuesta escondía el papel urbanizador que quiere adoptar ayuntamiento y Diputación. Lo que intentan hacer con este convenio, que ya adelantamos contará con el voto en contra de IU, es recalificar unos terrenos que actualmente son de uso dotacional educativo y deportivo, y se quieren construir viviendas”.
El concejal de IU critica que la administración quiera desprenderse de un terreno que es de todos los almerienses para una operación urbanística privada. “Estamos ante un convenio que no contempla el interés público, sino que favorece al interés privado. La ciudad no necesita suelo para la construcción de viviendas, sino mantener su suelo dotacional, es que es de todos. Con esta operación se pone al descubierto la imagen de Gabriel Amat que utiliza la Diputación para quien sabe qué intereses. Ese modelo del ladrillo no es el que necesita Almería”.
“Se trata de un convenio urbanístico entre Diputación y el Ayuntamiento de la capital que nos retrotrae a la época del ladrillazo y que nos hace pensar que el PP no ha aprendido nada de esta crisis. El convenio afecta a los terrenos que hoy ocupa el hogar provincial, el pabellón Moisés Ruiz y un solar que hay detrás. La primera operación del convenio recoge la cesión por parte de ayuntamiento de una parcela de 2.000 metros a cambio de otra frente a la carretera de Ronda para uso dotacional, de equipamiento docente y deportivo. A cambio de esta permuta, el ayuntamiento debe incluir en el PGOU una modificación y recalificación de esta zona para incluir la posibilidad de incluir tres torres de doce plantas de altura para 200 viviendas, 19.000 metros cuadrados de residencial y un Centro Comercial de 4.000 metros cuadrados”, según explica el diputado, Juan Pablo Yakubiuk.
Esto, que se pretende llevar a pleno el próximo viernes, iría ubicado sobre las ruinas del Hogar Provincial, que se pretende demoler.
“Lo que no dice el convenio pero que vemos venir es que el coste de la construcción de un nuevo edificio administrativo para la Diputación y una nueva residencia se financiará con un nuevo convenio con alguna mercantil que a cambio de la permuta de todas estas viviendas y centro comercial sufrague esas construcciones. Es una música que llevamos tiempo escuchando en Roquetas de Mar, donde Gabriel Amat es alcalde. Es el ejemplo del fallido convenio urbanístico para la construcción del Hospital de Roquetas. Y en este caso, desde el PP se han inventado una demanda ficticia para la residencia para justificar una nueva, cuando creemos que los mayores estarán mucho mejor en la actual, en un espacio abierto de planta baja y rodeados de zonas verdes, que en pleno centro de la ciudad y en un edificio en altura, algo que repercutirá en la calidad de la asistencia a los residentes”.
Por su parte, Rafael Esteban, informó de que el ayuntamiento de la capital es el que debe incorporar este convenio en la próxima revisión del PGOU. “El vicepresidente de la Diputación decía el otro día en un artículo que esta institución “ha dejado de ser un cortijo, y es verdad, pero se ha convertido en el castillo de un señor feudal: Gabriel Amat, que está trayendo el modelo acabado del ladrillazo. Ahora estamos entendiendo porqué desde el PP hablaban de una necesidad en cuanto al nuevo edificio de la Diputación y hacer una residencia. Esa propuesta escondía el papel urbanizador que quiere adoptar ayuntamiento y Diputación. Lo que intentan hacer con este convenio, que ya adelantamos contará con el voto en contra de IU, es recalificar unos terrenos que actualmente son de uso dotacional educativo y deportivo, y se quieren construir viviendas”.
El concejal de IU critica que la administración quiera desprenderse de un terreno que es de todos los almerienses para una operación urbanística privada. “Estamos ante un convenio que no contempla el interés público, sino que favorece al interés privado. La ciudad no necesita suelo para la construcción de viviendas, sino mantener su suelo dotacional, es que es de todos. Con esta operación se pone al descubierto la imagen de Gabriel Amat que utiliza la Diputación para quien sabe qué intereses. Ese modelo del ladrillo no es el que necesita Almería”.
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