El actual equipo de gobierno aprobó
un Plan de Ajuste aplicando criterios razonables y datos contables reales que
contempla la operación de pago a proveedores por más de 116 millones
En 2011 se realizó un ajuste en la
provisión de deudores de dudoso cobro pasando de 3 a 31 millones basándose en
criterios de antigüedad y escasa recaudación
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El informe del análisis y diagnóstico
económico financiero y de legalidad elaborado por la empresa ATD Auditores en
el periodo comprendido entre 2007 y 2011 desvela que el Plan de Saneamiento
Económico-Financiero, “si bien planteaba hipótesis para el saneamiento
razonables en su esencia, al estar basado en datos que no se ajustaban a la
realidad, las medidas contempladas en el mismo eran del todo insuficientes”, ha
explicado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda,
Contratación y Régimen Interior, José Francisco Rivera.
Rivera ha
señalado, asimismo, que “ese Plan de Saneamiento, aprobado para 2011-2013 por
el PAL y su socio de gobierno el PSOE, era solo papel mojado y buena prueba de
ello es el Plan de Ajuste que aprobamos en el mes de marzo en el que aplicamos
criterios razonables y datos contables reales y que contempla una operación de
endeudamiento que asciende a más de 116 millones de euros para el pago a proveedores,
cuando según el anterior Plan de Saneamiento cifraba el déficit a corregir en
sólo 13 millones de euros”.
Otra de las conclusiones más significativas que se
desprenden de la auditoría es el hecho de que en las cantidades a contemplar
como provisión de deudores de dudoso cobro se dotaron con criterios poco
adecuados a la realidad económica, habiéndose realizado un ajuste en 2011,
elevándola de 3 millones a 31 millones de euros.
Rivera ha aclarado que “si se hubiera hecho con
criterios prudentes, tal y como se están aplicando ahora mismo, en función de
la antigüedad y el porcentaje de escasa recaudación de todos esos derechos de
cobro pendientes desde hace muchos años, hubiera llevado al Ayuntamiento a una
situación de déficit que le hubiera obligado a
tomar medidas correctoras y a no gastar de manera desmesurada, sino a
una contención del gasto”.
De igual modo, el informe desvela que no se dotó de
provisiones para riesgos y gastos que han resultado significativas a la luz de
hechos posteriores. “En concreto, no existe provisión por litigios y
reclamaciones, con un importe estimado en reclamaciones en curso en 2012 de más
de 22 millones derivados de procesos anteriores a 2011”, señala el concejal de
Hacienda.
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