LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-En primer lugar, considero que el juez
sustituto del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería, Antonio
Luis García Valverde, ha actuado con parcialidad durante el juicio,
dejándome en indefensión, al impedir que se le hicieran una serie
de preguntas fundamentales a los testigos, que reconocían que les había pedido
una candidata que formaran parte del tribunal que había de juzgar la plaza que
ella quería obtener. Anteriormente, en el caso de mi sanción, el mismo
magistrado demostró poco acierto al no conceder la suspensión cautelar,
teniendo que rectificarlo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
unas circunstancias agravantes, pues se negó con reiteración a comprobar si su
auto de no concesión estaba, aparte de falto de motivación, basado en un falso
testimonio del Vicerrector José Luis Martínez Vidal. Le insistí una y otra vez
que alguien mentía y cometía un delito penal contra la administración de
justicia, de gran repercusión en la suspensión cautelar: o Martínez Vidal o yo
mismo al acusarlo falsamente y entiendo que debía aclararlo.
A pesar de esos intentos del juez para que no se profundizara en el
tráfico de influencias y el fraude de ley que se ha dado en el nombramiento del
tribunal que había de juzgar la cátedra de árabe, se ha podido constatar que
fue una persona que se presentaba la que pidió a unos catedráticos determinados
que estuvieran en el tribunal, dándose la circunstancia de que aquel que, según
la normativa vigente debía estar, no fue nombrado al no tener garantizada la
candidata que le iba a votar. No se ha podido demostrar del todo por la
obstaculización del juez para llegar al fondo que el tribunal se nombró con
personas que tenían manifiesta animadversión hacia mí, como forma de garantizar
que sería Luisa Arvide quien obtuviera la plaza, en el caso de que yo pudiera
finalmente presentarme. También ha quedado demostrado que se debía haber
seguido lo que establecen los estatutos y no el reglamento, pues no había nada que
justificara el que se aplicara un reglamento de rango inferior sobre unos
estatutos de rango superior.
Según la abogada de Pedro Molina, Carmen Pilar
Pulido Egea, yo no estoy legitimado para exigir que se aplique el
procedimiento legalmente establecido y se anule la cátedra por las anomalías
comentadas. Trata así de esquivar que se entre en el fondo del tema, pues es
más que evidente que está perdido el caso por su parte. Es una hipocresía y
lo digo bien alto, una hipocresía de Pedro Molina y su abogada,
pues, cuando les interesó que se anularan las cátedras ocupadas por Agapito
Maestre y Miguel Martínez, de Filosofía y Filología
Inglesa, respectivamente, sí se consideró que estaban legitimados para pedir la
anulación los recurrentes que eran Cayetano Aranda Torres, actualmente
del equipo de Pedro Molina en el Servicio de Publicaciones, y Amalia
Miras Baldo y María Elisa Prieto Barrero, la esposa de
José Guerrero Villalba, mano derecha de Pedro Molina. El TSJA rechazó entonces
la petición de inadmisibilidad pedida por el Rector Alberto Fernández “no sólo
porque, como ha declarado el Tribunal Constitucional –sentencias 60/1.982, de
11 de octubre y 160/1.985, de 28 de noviembre-, el concepto de interés legítimo
es mucho más amplio que el de interés directo, dado el alcance que cabe
atribuir al Art. 24.1 de la Constitución, en relación con lo también
preceptuado en la Disposición derogatoria tercera del mismo Texto Fundamental,
sino, además, porque, estando legitimados los recurrentes, como Profesores
Titulares de Universidad, para intervenir en los procesos selectivos
impugnados, no puede negárseles su legitimación para acudir a la vía
jurisdiccional, en relación con todas las incidencias que puedan producirse en
tales procesos selectivos”.
Además, como miembro del área y
del Departamento yo tengo un interés legítimo en que mis compañeros sean los
más capacitados e idoneos, de acuerdo con las previsiones legales, pues lo
contrario 1) me conlleva el perjuicio de que el equipo de profesores donde
estoy integrado no esté formado por los mejores (lo cual repercute
negativamente en mi trabajo cotidiano) y 2) desprestigia mi centro de trabajo
debido a que allí se elige a la gente a dedo en lugar de conforme a la ley, lo
cual me causa un perjuicio de cara a la opinión pública, pues se me asocia con
ese área donde se realizan prácticas irregulares. Mi interés legitimo en exigir
que se cumpla la legalidad vigente y verme amparado en dicha pretensión es
obvio, pues, por no respetar la normativa, se me causan los perjuicios antes
mencionados.
La
sentencia habrá de emitirla en breve el magistrado sustituto. Espero que con
mayor imparcialidad de cómo ha llevado el juicio, pues me ha dejado en
indefensión para poder probar hechos de especial transcendencia, aunque las
irregularidades eran tantas que desbordaban por todos lados. Él tiene en sus
manos una gran responsabilidad, la de impartir Justicia, y yo voy a estar muy
al tanto de exigirle que la imparta, de forma responsable, con todas sus
consecuencias, dando publicidad a todo el proceso, incluidas las preguntas y
los puntos que ha impedido que afloren.
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