domingo, 25 de noviembre de 2012

La justicia almeriense se levanta en contra del 'tasazo' por "injusto"



LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Cerca de 300 profesionales se concentran en el Palacio y la flamante Ciudad de la Justicia · Piden al Gobierno una rectificación urgente · Los abogados también se unen en sus reivindicaciones Jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y procuradores de la provincia de Almería expresaron ayer su malestar y rechazo absoluto con la nueva Ley de Tasas y la falta de medios que padecen y manifestaron que con una justicia ágil se ayuda a la reactivación económica, algo "con lo que no contribuye el Gobierno estableciendo medidas como la que entró en vigor el pasado jueves" a pesar de no entrar en funcionamiento por no tener listos los impresos.

En Almería capital se realizaron dos concentraciones, una ante el Palacio de la Justicia y, otra, de manera simultánea, en la Ciudad de la Justicia de Carretera de Ronda. La asistencia de los profesionales de este sector fue numerosa, sumando en torno a 300 personas entre las dos protestas. Entre los asistentes se encontraban el juez decano de Almería, Luis Columna, y la de El Ejido, Ana Fariñas. La manifestación también contó con la presencia del decano del Colegio de Almería, José Pascual Pozo. "Con la Ley de Tasas se le está haciendo un flaco favor al sistema judicial y se perjudica, sobre todo, a la clase media, la gran perjudicada de la sociedad española en las últimas fechas. Se abre, de esta forma, una brecha en el acceso a la justicia. Es un ataque frontal a la tutela judicial efectiva y va a significar que muchas personas no puedan hacer frente a los procedimientos judiciales", explica el decano. La protesta de ayer, que se realizó de forma conjunta en diferentes ciudades españolas, consta de varios puntos entendidos como reclamaciones. Por un lado, exigen la "retirada inmediata" del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que "perjudica la calidad de la Justicia", así como el "mantenimiento" de las actuales "estructura, competencias y autonomía presupuestaria" del CGPJ.

Además, piden un aumento del número de jueces y fiscales "hasta alcanzar los parámetros de la media europea", una Justicia "impartida exclusivamente por jueces y fiscales profesionales", la "determinación definitiva de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado", y una "eficacia y optimización de recursos".

Junto a todo ello, claman por la adopción de medidas "para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados y las fiscalías", la regulación de "un Estatuto Judicial y Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan los jueces como poder del Estado y los fiscales", y unas tasas judiciales "moderadas".

En cuanto a la subida de tasas, efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. De esta forma, dentro de un procedimiento civil y cambiario en el que hasta ahora se pagaban 90 euros, se impone una subida de 60 euros; en el ordinario 150 euros más o en el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, también dentro de la vía civil, hasta 600 euros más (1.200 euros en total).

Pero hay más opiniones al respecto, incluso la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán, afirmó en el día de ayer que la flamante ley de tasas de tasas judiciales, que entra en vigor desde hoy, supondrá "un obstáculo" para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de su agresor.

En la protesta de ayer también estuvieron presentes representantes de partidos políticos, como José Luis Sánchez Teruel (PSOE), cuyo grupo ya ha planteado la inconstitucionalidad de esta nueva ley: "En la práctica, esta medida impide la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la Justicia. En Almería, la subida de las tasas judiciales aprobada por el PP se va a traducir en la recaudación de 9 millones de euros y pondrá en peligro 2.629 empleos, que es el resultado de sumar a los procuradores y a los abogados de la provincia", explica el secretario general del PSOE en la provincia.

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