La deuda del Gobierno Andaluz con la provincia en
Bienestar Social asciende a más de cinco millones de euros
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LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La parlamentaria andaluza del Partido
Popular de Almería Rosario Soto ha analizado esta mañana en rueda de prensa los
presupuestos de la Junta de Andalucía en materia de Bienestar Social y ha
señalado que el Gobierno Andaluz deja “desprotegidos a los más vulnerables”, ya
que según ha explicado “las políticas sociales se han reducido en 777,79
millones de euros en el Presupuesto para el año 2013, es decir un 21,36%”.
Soto,
que ha estado acompañada por sus compañeros en el Parlamento Andaluz Miguel
Ángel Castellón, Aránzazu Martín, Rosalía Espinosa, y José Jesús Gázquez, ha
puesto de manifiesto que comparando los programas en materia de atención social
de la Consejería de Bienestar Social con
los mismos programas en el Presupuesto del año 2012, se observa una reducción
importante, un recorte de 207 millones, y un incremento de 66 millones de euros
tan sólo en el Programa de Inserción Social.
En
su intervención, la parlamentaria andaluza ha desgranado punto por punto la
situación de los distintos programas de la Junta en materia de Bienestar
Social. En relación al Plan sobre Drogodependencias ha explicado que la
reducción llevada a cabo por la Junta ha sido de 9 millones de euros y se ha
preguntado cómo con un 23% menos de presupuesto que en el año 2012 piensa la
Consejería mantener las actuaciones necesarias para reducir el consumo de
drogas y otras adicciones, así como la red de servicios de atención a los
afectados.
Sobre
el Programa de Atención a la Infancia, la reducción con respecto al presupuesto
de 2012 es de más de 26 millones de euros, lo que a juicio de Rosario Soto, va
a poner muy difícil a la Junta que pueda seguir desarrollando las mismas
políticas en esta materia. Lo mismo ocurre con el Programa de Bienestar Social
que sufre una reducción de casi 35 millones, un recorte que afecta directamente
a las intervenciones que la Consejería desarrolla con colectivos con necesidades
especiales, con la comunidad gitana, voluntariado social, personas inmigrantes
o emigrantes, o a las intervenciones en las zonas con necesidades de
transformación social, es decir en las barriadas de actuación preferente.
En
el caso del Programa Servicio de apoyo a la familia el recorte del Gobierno
Andaluz para 2013 ha sido de 60 millones de euros, una reducción que va a
afectar a partidas de Bienestar Social como el Plan de Salud Bucodental, Plan
Andaluz de Alzheimer, Plan de Atención Infantil Temprana, o Plan de Bienestar
Social. Además, continúa Soto, se produce una reducción de 2 millones de euros
en el dinero destinado a la atención domiciliaria de enfermería para personas
mayores o discapacitadas y a la atención a la salud mental del niño y el
adolescente; y una reducción de 39 millones en Educación que afecta a las
ayudas para libros de texto, transporte escolar y al Plan de deporte escuela.
Y en
el Programa Atención a la Dependencia, envejecimiento activo y discapacidad el
recorte se sitúa en más de 78 millones. Sobre este aspecto Soto ha señalado que
la Junta está “hiriendo de muerte la Dependencia en Andalucía” y ha denunciado
que lo que pretende el Gobierno Andaluz es “ahorrar dinero con la Dependencia,
dejar de prestar los servicios y de transferir las obligaciones a Diputaciones
y Ayuntamientos, y culpar al Gobierno de la Nación”.
Por
otra parte, Rosario Soto ha querido aclarar que el Gobierno bipartito de PSOE e
IU ha recortado todas las partidas sociales menos el Programa de Inclusión
social, que lo ha incrementado en 66 millones. En este sentido, la
parlamentaria almeriense ha explicado que el Programa de Solidaridad, más
conocido como Salario Social, tiene un retraso de seis meses, y que las
familias con derecho al salario social en Andalucía tienen retenidos los
expedientes en las Delegaciones Provinciales desde junio. Además, ha señalado
que desde el mes de junio las familias no reciben ni un euro, y se ha
preguntado como la Junta pretende dar cobertura a 55.000 familias en Andalucía
a través de este plan con sólo 60 millones de euros.
“Es
un insulto a los andaluces que el Gobierno Andaluz afirme que con 60 millones
va a dar respuesta a las necesidades de 55.000 familias a través de un Plan
Extraordinario de Acción Social, más aún si tenemos en cuenta que le
corresponderían 100 euros al mes a cada familia. Lo que está haciendo la Junta
es dejar desprotegidos a los más vulnerables, a pesar de tener reconocido el
derecho al Salario Social y desde el PP le pedimos al Gobierno Andaluz que
explique quiénes serán los beneficiados, qué requisitos se les va a exigir y
cuándo se va a iniciar el trámite legal para regular dichas ayudas”, ha dicho.
Deuda de la Junta
con la provincia en Bienestar Social
Para concluir, Rosario Soto se ha preguntado “cómo
la Junta pretende mantener todos los servicios comprometidos en materia de
Bienestar Social cuando ha recortado el presupuesto andaluz en este apartado en
un 22%”.
Soto ha señalado que es lamentable que hayan
vendido un presupuesto “antisocial” como social. “Es un presupuesto que tiene
grandes recortes en materia social y que no se compromete con los almerienses
ni con los andaluces”.
Por último, ha recordado que la Junta tiene muchas deudas en materia social con los almerienses. Así ha especificado que la deuda con la residencia asistida de ancianos es de 1.200.000 euros, con el servicio provincial de drogas y adicciones es de 700.000 euros, en materia de inmigración de cerca de 70.000 euros, una deuda cada dos meses que va a ir creciendo con todas las personas que sufren alguna dependencia en la provincia y que es de 1.400.000 euros, una deuda con los menores de 400.000 euros, y con la población que está en riesgo de 500.000 euros.
“La Junta debe a los almerienses más de cinco
millones de euros en Bienestar Social, y con un recorte drástico a nivel
regional en esta materia, nosotros nos preguntamos cómo piensan ayudar a los
más vulnerables, y además desarrollar proyectos en la provincia como por
ejemplo la residencia de la zona norte, Aguadulce y el Parador, que se necesita
para dar servicio a una población de más de 30.000 habitantes, y que pese a que
el Ayuntamiento ha cumplido con rigor con su parte, la Junta sigue sin iniciar,
o como van a poner en marcha centros de servicios sociales comunitarios, o la
creación de un centro para atender a personas con alzheimer”, ha concluido.
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