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Redacción.-Una magistrada de Primera Instancia de El Ejido (Almería) ha
acordado suspender todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se
siguen en su juzgado y ha dictado un auto en el que fundamenta su decisión en
la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona.
La
resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge que "ante las dudas
en relación a la compatibilidad" del procedimiento de ejecución
hipotecaria con la directiva europea que rige sobre las cláusulas abusivas de
los contratos celebrados con consumidores, procede la suspensión del trámite
hasta que recaiga resolución por parte de la Justicia de la UE.
La
titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de El Ejido, Ana Fariñas,
resalta en el fundamento tercero del auto existen "dudas más que
evidentes" sobre dicha compatibilidad según se desprende de las
conclusiones emitidas por la Abogada General en el proceso que se sigue ante el
TJUE.
Rechaza, sin embargo, pedir al tribunal europeo que se pronuncie con carácter
prejudicial sobre tal cuestiónde acuerdo al artículo 267 de Tratado de
Funcionamiento de la UE "pese a estar facultada para ello" para,
según añade, evitar las dilaciones que provocaría en el proceso ya iniciado el planteamiento
de una nueva cuestión "con el mismo objeto".
El auto
dictado por el órgano judicial que preside Fariñas, que publica este jueves el
diario 'La Voz de Almería', deriva de la vía legal abierta por el Juzgado de lo
Mercantil número 3 de Barcelona a raíz del caso de un vecino de Martorell.
El
titular paró su desalojo para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) sobre la posible indefensión de los consumidores frente a la
aplicación de "cláusulas abusivas" en los préstamos hipotecarios. La
Abogado General de TJUE, Juliane Kokott, consideró en sus conclusiones de 8 de
noviembre que pagar intereses de demora del 18,75 por ciento era un ejemplo de
esta irregularidad.
Esta
vía aparece citada, asimismo, en escrito que El Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por
ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores para pedir la
paralización de la ejecución hipotecaria.
La
paralización se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que establece que el tribunal podrá decretar -a petición de una de las
partes- la suspensión del desahucio "hasta que finalice el proceso que
tenga por objeto la cuestión prejudicial", en este caso ante la Justicia
de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como
medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al
Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
JUEZ DECANO
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Almería, el magistrado Luis Columna, ha trasladado tener conocimiento "informal" de que algunos magistrados de Primera Instancia de la provincia están "reflexionando" y "revisando criterios" a raíz del decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios en determinadas circunstancias y que está previsto se convalide el día 29 por el pleno de la Cámara.
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Almería, el magistrado Luis Columna, ha trasladado tener conocimiento "informal" de que algunos magistrados de Primera Instancia de la provincia están "reflexionando" y "revisando criterios" a raíz del decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios en determinadas circunstancias y que está previsto se convalide el día 29 por el pleno de la Cámara.
Ha
advertido, no obstante, de que la situación no ha sido abordada en Junta de
Jueces y que, por tanto, la actuación "queda dentro de su potestad
jurisdiccional de acuerdo a cada caso". "Sé que algunos jueces están
revisando y, en algunos casos, paralizando", ha añadido.
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