LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El PP andaluz ha
pedido a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que
“salga a la calle” donde este lunes se manifiestan distintos colectivos en
defensa de las personas con discapacidad y se “comprometa” con aquellas
instituciones a las que los “impagos” de la Junta de Andalucía pueden hacer que
se vean “abocadas al cierre” y, entre otras consecuencias, dejar a 2.000
discapacitados de la comunidad sin empleo.
La vicesecretaria de Política Social
del PP-A, Dolores López Gabarro, ha criticado en una rueda de prensa convocada
este lunes, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que los
“impagos” que acumula la Junta “desde hace años” con asociaciones y entidades
destinadas a asistir a personas con discapacidad, así como el “tijeretazo” que
ha realizado en partidas relacionadas con estas personas en los Presupuestos de
la Junta para 2013, ponen de manifiesto que el Gobierno andaluz “no prioriza”
las políticas sociales en general ni a las personas discapacitadas en
particular.
En este sentido, se ha referido a la
deuda de 35 millones de euros que la Junta tiene con la Confederación Andaluza
de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-A),
así como con los centros especiales de empleo, con los que según el PP-A la
Junta acumula impagos de 15,1 millones desde 2009, poniendo así a “400 centros
al borde del cierre”, que supondría dejar a “2.000 personas con discapacidad
sin empleo”.
Asimismo, López Gabarro ha asegurado
que la Junta “sigue sin priorizar” las políticas para discapacitados en los
Presupuestos, alertando de un recorte de una media del 50,5 por ciento por
ciento en transferencias a corporaciones locales para políticas de discapacidad,
para familias e instituciones sin ánimo de lucro y ayudas públicas de carácter
social.
“DATOS IRREVOCABLES”
“Los datos son clarísimos e
irrevocables”, ha manifestado la dirigente ‘popular’ asegurando que “la
demagogia queda sin argumentos” cuando las cuentas elaboradas por la Junta, al
tiempo que “meten la tijera” a políticas sociales, “aumentan un 33,9 por ciento
las partidas destinadas a alta dirección”.
Del mismo modo, ha señalado que el
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya alertó en 2010 de que los centros
de educación especial de Andalucía “dejan fuera al 40 por ciento de la
demanda”. Igualmente, ha destacado que en Andalucía hay 17.621 plazas en
centros con discapacidad y que en la región hay 716.100 personas
discapacitadas, de modo que la cobertura se reduce “al 2,5 por ciento”, ha
apostillado.
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