Se trata de subvenciones estatales de 2008 y 2009 para la formación de trabajadores
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-"Entre
los años 2008 y 2009, en pleno saqueo de fondos publicos destinados al empleo
destapados en el caso del ERE, la Junta de Andalucía también cometió
irregularidades contables en fondos de este sector provenientes del Estado.
Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un
informe que critica al Gobierno andaluz por no demostrar el buen uso de 16
millones de euros del Plan Integral de Empelo de Bahía de Cádiz. Esta cantidad
debía destinarse a acciones sociales para trabajadores con un nivel bajo de
ingresos y «mayores dificultades de inserción en el mercado laboral» debido a
su edad, mayores de 53 años.
La Junta ocultó al máximo órgano fiscalizador del Estado
qué ha hecho específicamente con estos fondos. El Tribunal de Cuentas se
muestra tajante: «La documentación justificativa aportada no permite determinar
el carácter específico de estas acciones, así como el colectivo de personas
afectadas por las mismas». De este modo, no se ha podido comprobar «si los
recursos asignados en el presupuesto de gastos del Servicio Público Estatal
fueron destinados a favorecer la cualificación del capital humano y su
inserción».
Otro uso de los fondos
El plan completo de esa zona geográfica, especialmente
castigada por el desempleo, supuso para el Estado una subvención de 50,6
millones de euros repartidos en 2008 y 2009, que luego sería renovada en 2010.
Las incidencias que el Tribunal de Cuentas halló se refieren principalmente en
el uso de parte de estos fondos para «aportaciones económicas por desempleo»,
en lugar de destinarlos a su finalidad original, políticas de empleo para que
los despedidos tras el cierre de la multinacional Delphi en Puerto Real (Cádiz)
pudieran regresar al mercado laboral.
El Tribunal de Cuentas, que entregó este informe al Congreso
de los Diputados en febrero del pasado año, insta al Ministerio de Trabajo a
ser más contundente en el control de los fondos que entrega a las comunidades
autónomas para políticas de Empleo. El organismo contable recomienda al
Gobierno que obligue a las autonomías a que «acrediten en su totalidad, ante el
Servicio Público de Empleo Estatal la aplicación de los fondos recibidos a la
finalidad para la que se otorgó la subvención», así como «los remanentes de
fondos comprometidos».
El Tribunal de Cuentas hace hincapié en que estas
subvenciones provienen de «recursos de naturaleza pública que figuran en el
presupuesto de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal y no forman parte
del coste efectivo de los traspasos de competencias a las Comunidas Autónomas».
El capital con el que se han nutrido las subvenciones proviene de las cuotas
que se detraen a cada trabajador en su nómina para los cursos de formación, de
ahí que los gobiernos autonómicos no puedan utilizar este dinero para pagar las
prestaciones por desempleo, como denuncia el órgano fiscalizador en el caso de
Andalucía.
«Estafa generalizada»
El PP andaluz ha acusado a los sucesivos gobiernos
socialistas de cometer una «estafa generalizada y sistemática» con los planes
de Empleo, en palabras del secretario general de esa región, Antonio Sanz, ya
sean de la Junta, como el caso de los ERE fraudulentos, o provenientes de
fondos provenientes del Gobierno central, como las citadas subvenciones. Desde
la Consejería de Empleo del Gobierno de José Antonio Griñán se insiste en que
las partidas entregadas por el Estado para la formación de trabajadores de la
Bahía de Cádiz se utilizaron correctamente.
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