Mª PAZ BONET (Portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de
Garrucha)
La portavoz del grupo socialista del
Ayuntamiento de Garrucha, María López Cervantes, arremete contra el gobierno
municipal del PP porque este ahora acepta gestionar las derivaciones
procedentes del convenio urbanístico suscrito en 2006, referido al terreno de
la famosa UE-6, y que entonces el grupo popular no aprobó.
Tal convenio,
aún pendiente de resolución, se refiere al que acordaron los socialistas con el
promotor de la citada UE-6 (junto al castillo), el cual se comprometía a
abonarle al Ayuntamiento dos millones de euros (2.017.918 €) por el exceso de
construcción en dicha parcela. Ya saben, se trata del terreno en el que se
falseó su cabida real de 21.100 metros cuadrados por otra de 26.692 m2, lo que
permitió al promotor construir 28 viviendas de más. El procedimiento fue tan
sencillo como aumentarle a la parcela 5.592 m2 en su ficha urbanística,
apoyándose en una escritura con los datos falseados, sin que el Ayuntamiento
objetara nada a esa operación. Como se recordará, con este asunto se produjo un
gran escándalo.
Esta señora, en su
afán de desgastar nuestra imagen, y con el fin de obtener rentabilidad
política, intenta vender una información averiada sobre el escándalo de la
UE-6. Como se verá más adelante, antes y ahora actuamos con plena coherencia en
este asunto.
María López insiste
en que el cambio de superficie de la parcela se debió a un “error”, pero un
error en beneficio de otros. Por tanto es preciso recordarle la verdad de lo
que sucedió, con la advertencia de que todo está bien documentado. Así hemos
procedido siempre en nuestros boletines, sin que nadie haya podido rectificar
ninguna de nuestras informaciones.
Veamos someramente
lo ocurrido con la cabida del terreno de la Unidad de Ejecución. Cuando el 25
de mayo de 2001, siendo alcalde de Garrucha el socialista Andrés Segura, el
Ayuntamiento aprobó inicialmente las normas urbanísticas municipales, en el
expediente constaba que la parcela de la UE-6 tenía una superficie de 21.100 m2
(que era la realidad de su cabida). Dos años después, el 11 de agosto de 2003
el boletín oficial de la provincia publicó las normas urbanísticas de Garrucha,
ya aprobadas definitivamente por los socialistas con el mismo alcalde al
frente. Sin embargo, ahora la superficie de la UE-6 aparecía en la página 61
del BOP con una extensión de 2,67 hectáreas (26.692 m2 exactamente), lo que suponía
acrecentar la cabida en más de 5.000m2 y así poder construir 28 viviendas más
de las permitidas. Como es lógico, esa modificación de la cabida se había
gestionado en el Ayuntamiento, siendo Martín López Peña el concejal de
Urbanismo. Del porqué de esa modificación nadie dio una respuesta coherente, ni
siquiera en el propio Juzgado. Hasta se presentó una escritura en la que a los
21.100 m2 iniciales (los reales) se le añadieron calles contiguas de otras
propiedades para llegar a los 26.692 m2, dándose entonces la paradójica
circunstancia de que la parcela lindaba con ella misma. Y la pregunta es
elemental: ¿Cómo fue posible que por las buenas se aumentara la cabida de la
finca sin medirla previamente? Pues se hizo con un concejal de Urbanismo
dedicado plenamente a esa función. En tales condiciones, sin pestañear, se
otorgó la licencia de construcción a ese proyecto, incluidas las 28 viviendas.
¿Fue o no fue un pelotazo urbanístico?
Semejante jugarreta
nunca hubiera salido a la luz pública si no llega a ser porque 55 vecinos del
lugar, encabezados por otro conocido vecino (socialista con carnet),
denunciaron en septiembre de 2004 una serie de ilegalidades en esa
urbanización. El vecino que los encabezaba consultó el expediente en el
Ayuntamiento y se percató del cambio efectuado en la superficie de la UE-6,
entonces exigió que se midiera la parcela y, después de un agrio enfrentamiento
con el alcalde y el concejal de Urbanismo, consiguió que se efectuara la
medición, comprobándose así el fraude. Enseguida intervino el PP local, y el
27/05/2005 puso el asunto en manos del fiscal jefe de la Audiencia Provincial,
a la vez que pedimos explicaciones en el pleno del 22/06/2005 en que se trató
el asunto. A la intervención de nuestra portavoz, Ana León, replicó la portavoz
socialista, María López, la cual, visiblemente incómoda, solo dijo
incoherencias, cuando los obligados a responder eran el alcalde o el
todopoderoso concejal de Urbanismo allí presentes; pero ambos enmudecieron, lo
que fue bastante llamativo. Y si nosotros acudimos a la Fiscalía, el vecino
ninguneados por ellos lo hizo a través de Manos Limpias.
Nuestro escrito al
fiscal jefe tuvo como consecuencia que el fiscal de Medio Ambiente presentó una
denuncia en los juzgados de Vera contra Andrés Segura Soler y Martín López
Peña, a lo que imputaba presuntos delitos de falsedad en documento público y
prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia).
Después vinieron las declaraciones de unos y otros. Pero sucedió algo sorprendente,
por dos veces la juez le pidió al Ayuntamiento, mediante sendos oficios (uno el
27/09/2006 y otros el 05/01/2007) el expediente de la UE-6, petición que no fue
atendida por el alcalde Andrés Segura. Y la juez, en vez de obligar al alcalde
a la entrega del expediente, archivó el asunto. Entonces la Audiencia
Provincial, ante nuestro recurso, indicó a la juez que no podía archivar el
caso sin haber estudiado el expediente, razón por la que el Juzgado requirió de
nuevo al Ayuntamiento de Garrucha para que le enviase el expediente de la UE-6,
cosa que no se pudo atender porque después de buscarlo por todas las
dependencias municipales, el actual alcalde hubo de comunicarle al Juzgado que
el expediente había desaparecido del Ayuntamiento, por lo que la juez no pudo
entrar en el fondo de la cuestión y procedió al archivo definitivo del caso. O
sea, del expediente del “error” nunca más se supo. Si se trataba de un error,
como dice María López, ¿por qué desapareció?
Pero mientras en el
Juzgado se ventilaba el asunto, y ante el horizonte penal que se divisaba para
los dos imputados, en una huida hacia delante firmaron con el promotor un
convenio mediante el cual este se comprometía a abonarle al Ayuntamientos dos
millones de euros (2.017.918 €). Dinero que repararía la ilegalidad urbanística
cometida. Más tarde el promotor rechazó el convenio alegando que había sido
coaccionado para así poder recibir las licencias de habitabilidad de las
viviendas; las mismas viviendas que tenían licencia legal de obras otorgada por
ellos y construidas de acuerdo con el proyecto presentado en el Ayuntamiento.
Y aquí viene nuestra
aparente contradicción de lo que defendimos entonces y lo que aprobamos ahora.
En el pleno celebrado el 22 de septiembre de 2006 nos opusimos al convenio por
dos razones elementales: Una porque entendíamos que el convenio no se debía
aprobar antes de que el Juzgado resolviera el asunto de los imputados. La otra
razón se fundaba en que los dos millones de euros apenas cubrían el 50% del
importe de las 28 viviendas construidas de más. Así consta en el acta de la
sesión, en la extensa exposición que hizo nuestra portavoz. ¿Y por qué
defendemos ahora el convenio? Pues también por dos razones fundamentales: Una
porque el Juzgado resolvió y la otra porque estamos obligados a exigir que se
cumpla un convenio aprobado por la Corporación. A la vista está que no existe
la contradicción de la que tanto alardea la portavoz socialista.
Ahora que cada uno
saque sus conclusiones, en el entendimiento de que todo lo que digo aquí está
avalado por documentos fehacientes y bastantes más.
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