viernes, 15 de marzo de 2013

El hermano de Mariano Rajoy subleva a la mitad de los registradores con la reforma del Registro Civil


LAEDICION.NET.-Enrique Rajoy es uno de los ideólogos y promotores de la ley que traspasará competencias del Registro Civil a los registradores. Sin embargo, el escándalo ha estallado y este asalto al poder no cuenta con el apoyo de una parte importante de los registradores Un grupo de registradores con la colaboración prominente del hermano del presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, ha tomado la Dirección General de los Registros y del Notariado, y ahora tiene sublevados a la mitad de los registradores de la propiedad por culpa de la reforma del Registro Civil, según denuncian algunos miembros del sector.
El hermano del presidente del Gobierno es uno de los asesores de la Dirección General y se le achaca buena parte de la autoría intelectual de la reforma. El borrador del departamento encabezado por Joaquín Rodríguez ha puesto de uñas a jueces, notarios, secretarios judiciales, abogados y alcaldes porque lo interpretan como un asalto al poder de los registradores de la propiedad. E incluso ha suscitado una rebelión dentro del mismísimo cuerpo de registradores. Con gran indignación, un tercio de ellos ha convocado la asamblea del Colegio para debatir esta reforma los días 16, 17 y 18 de abril en Zaragoza.
Denuncias de los propios registradores
Estos registradores en pie de guerra señalan dos problemas: por un lado, que estas funciones del Registro Civil conllevan muchos costes, hasta 300 millones de euros según algunas fuentes consultadas, y el texto legal ni asigna una financiación, ni traspasa los funcionarios que actualmente trabajan para el Registro, los cuales permanecerán como trabajadores del Ministerio.
Por otro, se niegan a asumir las funciones de un 'gran hermano', captando todo el tráfico jurídico. “La reforma hace que cualquier acto jurídico pase por un registrador. Es mejor dejar las cosas como están”, explica un jurista.
División en el cuerpo
De ordinario, la junta directiva del Colegio cita las asambleas. Pero en esta ocasión la ha solicitado una buena parte de los registradores motu proprio, algo que sólo había sucedido dos veces en toda la historia del Colegio. La junta directiva también está dividida por esta cuestión, según aseguran miembros del cuerpo.
Es más, incluso el grupo del que Enrique Rajoy es uno de los cabecillas y que ha impuesto esta reforma, la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver, se ha roto a raíz de este debate. Varios de sus miembros han protagonizado airadas salidas. “Ya sólo quedan los fanáticos próximos a Enrique Rajoy. Se han convertido en una suerte de comando que pretende apropiarse del sistema jurídico. En el Ministerio se les llama los hombres de negro y Gallardón tiene con ellos otra bomba lista para explotar, porque van a enfadar aún más a los jueces”, coinciden fuentes próximas a la Administración.
¿Quién paga los costes?
“Este idea viene de antiguo en el Ministerio y ya la barajaron Acebes y Michavila. Se trata de una forma de suprimir los costes que supone el Registro al Estado, al tiempo que retienen a los funcionarios”, sostienen fuentes cercanas al Ministerio.

Jueces, notarios, secretarios generales y alcaldes defienden que esta reforma entraña la privatización de todos los registros y, por lo tanto, los costes aumentarán en manos de los registradores. “Acapararán todos los registros y se ampliarán de forma injustificada los actos y negocios que han de inscribirse, engordando la burocracia. Limitará a los jueces las facultades de ejecución, limitará las responsabilidades de los registradores a unos pocos años y los alcaldes de pueblos pequeños se quedarán sin Registro”, lamentan varios notarios. 

Fuentes a favor de la reforma argumentan que no se va a ingresar más por el nacimiento o la defunción, pero reconocen que se quiere financiar esta iniciativa cobrando a los profesionales, aprovechando sobre todo que hay mucha litigiosidad, hasta cinco millones de casos al año, y que abogados y procuradores precisan numerosas certificaciones.

Aunque la clave de la reforma quizá resida en el registro electrónico. La idea del anterior Gobierno consistía en abrir el acceso a los registros vía ‘on line’, pero a partir de ahora se tendrá que pasar por los registradores y pagar por ello. “Se va a tener que hacer frente a una proliferación de costes para cualquier documento, gestión o acto en su vida familiar o patrimonial”, aducen muchos abogados.