El PP incluirá los viajes de la Casa del Rey en la ley de Transparencia

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los populares aceptan detallar los gastos de la Jefatura del Estado ligados a los ministerios

LAEDICION.NET.-Ante la reclamación unánime del resto de grupos parlamentarios, el Grupo Popular ha flexibilizado su postura y ha admitido incluir algunas partidas que afectan a la Casa del Rey en la nueva ley de Transparencia. Se trata de las denominadas «administrativas», aquellas que dependen de los distintos ministerios pero que se traducen en servicios prestados a la Casa del Rey. Podrán conocerse así más detalles sobre los gastos relativos a los viajes y visitas oficiales de la Casa del Rey ya que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores, de su Servicio de Seguridad —adscrito al Ministerio del Interior— o de la Guardia Real —dependiente de Defensa— además del desembolso en vehículos oficiales y conductores de que hace uso la Casa del Rey y que gestiona el Parque Móvil. La opinión pública también accederá a mayor información sobre el coste del personal al servicio de la Corona que se encuentra adscrito al Ministerio de la Presidencia o sobre el uso de los inmuebles que haga la Familia Real siempre que dependan de Patrimonio Nacional.

Escepticismo en IU

El anuncio lo hizo ayer el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, en una entrevista concedida a Ep, en la que reconoce no obstante que esta cesión puede no ser suficiente para lograr un acuerdo con el resto de los grupos que reivindican el desglose completo del presupuesto que la Jefatura del Estado recibe anualmente para su mantenimiento. Algo a lo que se niegan tanto el Gobierno como el Grupo Popular insistiendo en que la Constitución otorga al Rey el derecho de distribuir «libremente» el presupuesto que recibe del Estado. Es más, el Palacio de la Zarzuela ya comunica desde hace tres años la distribución de esta partida por capítulos, ofreciendo más información que muchas de las instituciones que reciben financiación pública. Bermúdez de Castro mantuvo ayer esta idea en la entrevista.

La mera inclusión de partidas que afectan a la Casa del Rey en la nueva ley de Transparencia es un avance impensable hace tan solo unos meses. La posición del Ejecutivo desde que el borrador de esta normativa echó a andar ha sido siempre la de mantener a la Jefatura del Estado al margen, siguiendo el modelo de la Casa Real británica —la más antigua de Europa— que no está sometida a la «Freedom of Information Act» que regula el acceso a la información de las autoridades públicas en aquella nación. Pese a la presión popular, y por boca de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo de Rajoy siempre defendió que la Casa del Rey debe estar al margen de la nueva legislación al no pertenecer a la Administración Pública.

Sin embargo, fuentes de la dirección federal de Izquierda Unida se mostraron bastante escépticas con el anuncio de Bermúdez de Castro que consideraron «difícilmente creíble hasta que esté sobre el papel» después de que durante las últimas legislaturas tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hayan votado en contra de detallar estas mismas partidas cuando el grupo que coordina Cayo Lara lo ha solicitado.