La fiscal accedió entonces a rebajar su petición de condena inicial, que rondaba entre los tres años de cárcel, con multas de 3.600 euros, hasta los nueve y multas de 1,5 millones para los considerados cabecillas de la trama. Así, ahora, la Sección Segunda impone al acusado principal, Emilio S.R., una condena de tres años por un delito contra el sistema de la Seguridad Social, que incluye la prohibición del derecho a percibir subvenciones o ayudas sociales por un periodo de cinco años.
Otro delito contra el sistema de la Seguridad Social se le atribuye también a otras seis mujeres, entre ellas su esposa, su madre, su hermana y su cuñada, que deberán hacer frente a dos años de cárcel, y a la misma prohibición del derecho a percibir ayudas sociales por tres años. En concepto de responsabilidad civil, el presunto cabecilla y el resto de sus familiares deberán hacer frente al pago de 952.574,60 euros al SPEE.
Al resto de los encausados, el tribunal les ha impuesto una condena de nueve meses de prisión, que disminuye a tres meses en el caso de dos de ellos, que ya han abonado íntegramente las cantidades percibidas indebidamente y que por ello se les aplica la atenuante de reparación del daño. Todos deberán hacer frente a sus respectivas indemnizaciones al SPEE, con cantidades de entre los 2.481,12 euros y los 13.479,77.
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